Madrid, España. El fiscal del caso Noos, en el que están imputados la hermana del rey Felipe VI de España y su marido, pidió este martes que se archiven los cargos contra la primera y se condene a 19,5 de cárcel a su esposo.

Infanta Cristina y su esposo



«No comparto el criterio de la acusación popular y por tanto pido el archivo para ella», declaró a la prensa el fiscal Pedro Horrach de Palma de Mallorca, en las mediterráneas islas Baleares, donde se instruye este caso por presunta corrupción.

Horrach retuvo sin embargo contra la hermana del rey, implicada desde febrero de 2012, una responsabilidad civil por haber beneficiado del dinero malversado por su marido, a título de la cual deberá pagar 587.413 euros (727.500 dólares), según la fiscalía.



En la acusación popular la asociación ultraderechista Manos Limpas acusa a la infanta Cristina de Borbón, de 49 años, de «cooperación» en delitos fiscales en 2007 y 2008 con su marido, el exmedallista olímpico de balonmano Iñaki Urdangarin, y pide contra ella ocho años de prisión y 2,02 millones de euros de multa.

El fiscal ya había pedido en junio un sobreseimiento para la infanta en este caso en que están imputadas 16 personas. Desde entonces, varias apelaciones retrasaron el cierre definitivo de la instrucción.

El juez debe decidir en las próximas semanas a quién sienta en el banquillo de los acusados, y si entre ellos estuviese la infanta sería un hecho sin precedentes en la historia de la monarquía española.

Urdangarin, de 46 años, convertido en hombre de negocios, es sospechoso de haber utilizado su posición en la familia real para obtener contratos públicos con dos gobiernos regionales a los que habría sobrefacturado más de 6 millones de euros.

Imputado desde diciembre de 2011, se le acusa de malversación, fraude fiscal, tráfico de influencias, estafa y blanqueo. Para él, el fiscal pide 19 años y seis meses de prisión, según una fuente cercana al caso. También una multa de 3,5 millones de euros.

Según el juez de instrucción, la pareja utilizó los fondos malversados en obras de mejora en su residencia de Barcelona, espectáculos de mimo, o cursos de salsa o meregue pagados por Aizoon, su empresa de servicios de asesoría en gestión empresarial, utilizada presuntamente como pantalla.

En opinión del magistrado, Urdangarin no pudo actuar sin el conocimiento y el consentimiento de su esposa, algo que ésta niega.