Washington. El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para sancionar a altos funcionarios venezolanos señalados de cometer violaciones de derechos humanos contra opositores durante las protestas ocurridas a inicios de 2014.
La Cámara de Representantes adoptó de manera unánime la iniciativa, ya aprobada el lunes por el Senado, que prohíbe la entrada a Estados Unidos de los presuntos responsables de represión y bloquea sus eventuales bienes en suelo estadounidense.
La votación envía a los venezolanos una «fuerte señal» de que «el Congreso estadounidense escucha, ve y siente su sufrimiento», dijo la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, que presentó el proyecto en la cámara baja.
«Debemos atender el llamado por la libertad y la democracia alrededor del mundo y ser la voz de quienes son silenciados por regímenes opresores», añadió la legisladora, denunciando la «tiranía» del gobierno venezolano.
El presidente Barack Obama debe ahora promulgarla, pero la Casa Blanca ha dicho que no se opondría a nuevas sanciones contra Venezuela.
El texto está dirigido a funcionarios señalados de encabezar o asistir «actos de violencia o abusos serios de derechos humanos», arrestos o causas judiciales contra manifestantes antigubernamentales en Venezuela.
En mayo, el senador Marco Rubio recomendó sanciones contra 27 altos funcionarios venezolanos, incluyendo la fiscal general Luisa Ortega, el entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, y varios gobernadores oficialistas.
Las sanciones no afectarán al común de los venezolanos, indicó el congresista demócrata Juan Vargas.
«Estas sanciones no tocan el sector petrolero u otras partes vitales de la economía, solo a los (funcionarios) responsables por la represión», dijo en el pleno de la cámara.
El senador Robert Menéndez, que impulsó la ley en la cámara alta, dijo que cuando el proyecto se convierta en ley «los individuos detrás de las violaciones de derechos humanos en Venezuela no podrán seguir escondiéndose y serán responsabilizados».
– EEUU negó visas a 24 funcionarios –
La medida ya ha generado el descontento de Caracas, y el martes el presidente Nicolás Maduro advirtió a Obama que «saldrán muy mal parados» si ejecuta las sanciones.
Maduro ha denunciado repetidas veces a grupos en Estados Unidos de fomentar las manifestaciones antigubernamentales, y el sábado dijo que está «evaluando» las relaciones con Estados Unidos.
El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, calificó el miércoles de «absurdo» el proyecto de ley aprobado.
Venezuela «rechaza de la manera más categórica cualquier injerencia extranjera en nuestros asuntos internos y, sobre todo, (…) de la administración norteamericana, que ha sido permanentemente un elemento de agresión contra nuestro país», dijo Ramírez a la cadena de televisión Telesur en Lima, donde participa en la Conferencia del cambio climático.
Las protestas, que sacudieron entre febrero y mayo a una Venezuela sumida en una polarización política y afectada por la escasez de alimentos y la rampante inseguridad, dejaron 43 muertos en varias ciudades.
Tras las manifestaciones, Estados Unidos consideró repetidas veces inoportunas las sanciones contra el gobierno venezolano, pero los esfuerzos fallidos de aliados latinoamericanos para bajar las tensiones entre opositores y oficialistas hicieron que Obama cambiara de opinión, dijo un alto consejero de la Casa Blanca en noviembre.
En agosto, el Departamento de Estado negó visas a 24 funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos durante las protestas.
Mientras tanto, Washington ha criticado reiteradamente los procesos judiciales contra los principales promotores de las manifestaciones: el dirigente Leopoldo López, en prisión desde febrero pasado y acusado de incitar a la violencia, y la destituida diputada María Corina Machado, imputada días atrás por la fiscalía de conspirar para asesinar a Maduro.
Caracas y Washington mantienen tensas relaciones diplomáticas desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y que llevaron al retiro de embajadores en 2010.
No obstante, Estados Unidos es el principal comprador del petróleo venezolano.
