La Policía Nacional y el Ejército de República Dominicana impidieron en horas de la noche de ayer miércoles que un grupo de dominicanos continuara expulsando a haitianos indocumentados residentes en el distrito municipal de Hatillo Palma, de la provincia fronteriza de Montecristi.
La reacción de los residentes de Hatillo Palma se produjo luego de que se propagara en el poblado la información de que una mujer dominicana de 42 años había sido agredida física y violada la madrugada del miércoles por tres inmigrantes haitianos indocumentados.
Estas fueron las palabras del procurador de la República Dominicana ante la situación de Hatillo Palma.
Como Procurador General de la República deseo expresar públicamente profunda tristeza y preocupación por los hechos ocurridos recientemente en la comunidad de Hatillo Palma, en la provincia de Monte Cristi.
Asimismo, deseo hacer llegar condolencias a los familiares y allegados de las víctimas y hacemos un llamado a la serenidad y la calma.
Hemos dado seguimiento permanente a los desafortunados hechos que se han suscitado en los últimos días en Hatillo Palma y hemos dispuesto las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido y que permitan determinar responsabilidades para quienes han violado la ley.
Hacemos además un llamado a las autoridades de la Provincia de Monte Cristi a actuar con madurez y a tener presente que en la República Dominicana debe preservarse el estado de derecho y la institucionalidad, por lo que no le corresponde a ningún dominicano o dominicana tomar la justicia por su propia mano ni incitar a tal cosa.
Quien así pretenda actuar, será llevado a la justicia, sin contemplación. Pretender desencadenar procesos incivilizados como estos atentan contra los principios de convivencia más elementales.
Finalmente, deseo reiterar a la sociedad dominicana que cualquier persona que ejecute vías de hecho o disponga por sí mismo desalojos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas a nacionales o extranjeros, será sometidos a la acción de la justicia. Lo mismo aplica aquellos que siendo responsables de velar por la seguridad y la paz pública como autoridad civil, policial o militar, permitan, consientan o instiguen públicamente a que tales cosas se lleven a cabo.
Tengan plena confianza que desde el Gobierno de la República Dominicana velaremos porque quienes así se comporten reciban sanciones ejemplares para evitar la repetición de estas inconductas que no reflejan la naturaleza pacífica, solidaria y decorosa de todos los y las dominicanas.
