El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó como “descabellada, irracional, desproporcional, carente de lógica jurídica y alejada de la función natural del juez de amparo”, la decisión que ordena la entrega de US$20.8 millones a la sociedad Prado Universal Corp., compañía constructora de la Torre Atiemar, cuyo presidente es el español Arturo del Tiempo Marqués.
Considera como abusiva la sentencia No.118-2015 de la jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, en contra del ministro de Hacienda, el administrador general del Banco de Reservas y los miembros de su Consejo de Administración, a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional y al Procurador General, “condenándolos al pago de sumas absurdas de dinero, sino obtemperan al reconocimiento inmediato de unos derechos supuestamente afectados”.
En carta enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, el funcionario sostiene que al emitir su sentencia, la jueza no tomó en cuenta ninguno de los medios presentados por los impetrados en el desarrollo del conocimiento de la audiencia de amparo, asumiendo como una violación al derecho de propiedad y del ejercicio de la libre empresa un crédito que no se ha constituido, y que por lo tanto no es susceptible de liquidación, ni de exigibilidad, cosa que le fue reconocida a los accionantes, “ignorando todo el debido proceso penal y civil agotado en el caso en cuestión, asumiendo la jueza de manera incomprensible que la ejecución de actuaciones judiciales han perjudicado derechos fundamentales de la impetrante del amparo”. Solicita iniciar una investigación en contra de la actuación de la magistrada. Sostiene que es deber fundamental de todo juez de amparo ponderar con estricto apego al derecho, los argumentos de todas las partes envueltas en la acción.
