Pese a que ya habían sido deportados o tenían órdenes de expulsión, al menos 858 inmigrantes de “países de interés especial” recibieron por error la ciudadanía de EEUU porque el gobierno no archivó sus huellas digitales, según un informe difundido este lunes por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El informe al que hace referencia hoy Eldiariony.com describe lo fácil que fue que estos individuos cometieran fraude al usar nombres falsos para solicitar y recibir la ciudadanía estadounidense, un proceso que normalmente requiere la revisión de antecedentes penales y una entrevista en persona.
Tras eliminar varios casos duplicados, la OIG analizó un total de 1,029 nombres, de los cuales, 858 no tenían huellas digitales en la base de datos cuando la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) estaba procesando y adjudicando las solicitudes.
La difusión del informe coincidió con las investigaciones en curso sobre los atentados en Nueva York, Nueva Jersey y Minnesota durante el pasado fin de semana. Las autoridades arrestaron al afgano-estadounidense, Ahmad Khan Rahami, en conexión con los dos primeros.
Según la OIG, ni el DHS, ni la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tenían las huellas digitales de las personas que habían sido deportadas o tenían órdenes de expulsión, porque las huellas recabadas antes de 2008 no fueron convertidas ni archivadas como documentos electrónicos de forma rutinaria.
El problema persiste: en la actualidad, las autoridades aún no han digitalizado alrededor de 148,000 huellas dactilares de inmigrantes de “países de interés especial” – que suponen una amenaza para la seguridad nacional de EEUU o tienen alta incidencia de fraude migratorio- que tenían órdenes de deportación, que son criminales o fugitivos de la Justicia, indicó la OIG.
Además, los archivos del FBI están incompletos porque las huellas digitales de personas detenidas por agentes de Inmigración no siempre fueron compartidas o enviadas a esa agencia federal.
La falta de información en las bases de datos fue un gran obstáculo que permitió que USCIS aprobara la ciudadanía a personas que no deberían obtenerla o que la solicitan mediante el fraude, como ha quedado claro en este informe.
Los ciudadanos naturalizados tienen derecho al voto, a obtener credenciales de seguridad nacional, y a patrocinar la residencia permanente de ciertos familiares cercanos.
El documento indicó que la OIG descubrió al menos tres casos en los que los inmigrantes consiguieron indebidamente la ciudadanía y lograron credenciales de seguridad nacional para realizar sensibles tareas de seguridad en aeropuertos comerciales o en embarcaciones o instalaciones marítimas.
A raíz de la investigación, las autoridades revocaron las credenciales de seguridad a esos tres individuos no identificados.
Sin embargo, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha investigado a muy pocos de los ciudadanos en cuestión para determinar si EEUU debe retirarles la ciudadanía, pero “está tomando medidas para incrementar el número de casos que investigará”, indicó la OIG.
El Inspector General del DHS, John Roth, ha dado plazo de 30 días para que el DHS entregue un informe sobre las medidas correctivas y la adopción de sus recomendaciones.
El DHS no ha contestado una solicitud de comentario sobre el informe, que no identifica por nombre a los individuos o países en cuestión.
