La gerencia municipal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Jarabacoa intervino varios proyectos de infraestructura que eran construidos sin el debido permiso en zonas críticas de esa comunidad.
Decenas de árboles de distintas especies habían sido talados de forma ilegal, para dar paso a la lotificación de terrenos para construcción de cabañas de veraneo en los parajes «Pino del Puerto» y «El Montaña», afectando más de cien árboles de las especies Pinnus Occidentalis, Grayumo, Guama, Copey, Pata de Gallo, Palo Amarillo, Juan Primero, Palo Santo, Sablito, Jaiquí, entre otros.
Los promotores y supuestos propietarios de estos proyectos serán sancionados de forma administrativa por Medio Ambiente, pero además han sido sometidos a la justicia a través de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente de la ciudad de La Vega.
Entre los señalados como responsables de este crimen ecológico se citan los señores Pedro Antonio Basilis Wenceslao, Medrano Basilis y Wilson López, pero se investigan otros posibles implicados.
Se les acusa de apertura de caminos, obstruyendo el paso que conduce a la bomba del acueducto, tala ilegal de árboles, cambio irregular de uso de suelo y otras violaciones a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, y demás normativas vigentes.
Estos hechos se consideran graves y desafiantes, especial por tratarse de zonas de fragilidad ecológica, altas pendientes y cuenca de captación de agua del río Camú.
El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, ha instruido a las direcciones provinciales para que presten especial atención a la protección de Bosques de Montañas y nacimientos de acuíferos, advirtiendo que no tolerará que nadie se escude en relaciones políticas, militares o económicas para violentar la Ley y poner en riesgo el futuro del agua y la integridad de los bosques, que hoy más que nunca son necesarios para mitigar los efectos extremos de la variabilidad climática.
