Este miércoles 2 de mayo el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) decidirá sobre el proceso de licitación que lanzó en noviembre del año pasado, para el usufructo de una parte del espectro nacional que desde hace varios años ha estado en manos de la empresa VIVA, del Grupo Telemicro, y para lo cual decidió excluir de la licitación a las empresas extranjeras que tienen negocios en las telecomunicaciones dominicanas.
Ahora con nuevas autoridades, en particular un nuevo presidente, el INDOTEL tendrá que hacer valer la ley y cobrar el precio estimado de las frecuencias puestas en licitación, y por la cual varias empresas estaban dispuestas a pagar un mínimo de 30 millones de dólares al Estado. Luis Henry Molina es el nuevo presidente del INDOTEL y por sus actuaciones, hasta el momento, ha demostrado verticalidad en la intención de recuperar los bienes y servicios que pertenecen al Estado y que desde hace años se encuentran en manos de terceros.
Indica el periódico acento.com.do que INDOTEL dará apertura este miércoles a los sobres con las propuestas presentados por la única empresa con posibilidad de licitar, VIVA, y para lo cual tendrá un período que concluye el próximo 9 de mayo, cuando deberá autorizar la transacción y proceder de inmediato con el cobro de los 30 millones de dólares a VIVA.
Fue mediante la resolución 070-17 del pasado 8 de noviembre el INDOTEL aprobó licitar las frecuencias radioeléctricas en los bloques 1710-1720, 1730-1735, 2110-2120 y 2130-2135 MHz en todo el territorio nacional. En realidad se trata de los 30 MHz, de los bloques que no fueron adjudicados en la licitación del 2014, y que hasta el momento han continuado utilizando la empresa VIVA y el Grupo Telemicro.
Hasta el momento el INDOTEL mantuvo una postura pasiva frente a las violaciones del espectro nacional de frecuencia. Esa pasividad ha favorecido a quienes no han realizado las inversiones necesarias para poder ofertar servicios de calidad.
El presidente del Indotel, Luis Henry Molina, se enfrenta con esta licitación a su primer gran desafío, en el sentido de que deberá obligar a los interesados en adquirir las frecuencias a pagar de acuerdo al mandato de la ley.
Las empresas Claro y Altice han demandando del Indotel sanciones contra la empresa VIVA por el uso irregular del espectro. El tiempo para responder por esas quejas venció, y la anterior dirección del Indotel en vez de responder las denuncias, como manda la ley, procedió con un llamado a licitación de las frecuencias denunciadas en uso irregular, exclusivamente para empresas locales, con el propósito de que la empresa que las ha utilizado las siga reteniendo.
Varias cartas fueron enviadas por Altice y Claro al ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, reclamando acciones del gobierno para detener las ilegalidades. Las compañías han reclamado garantías para sus inversiones en el país e igualdad de condiciones en el trato con los actores del sector.
Muchos fueron los cuestionamientos que se lanzaron sobre la convocatoria del Indotel. Ahora la preocupación es acerca del método que se utilice para pagar el valor referencial de las frecuencias, estimado en 30 millones de dólares.
Uno de los cuestionamientos fue presentado por el Joan Prats especialista senior de mercados financieros del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, quien comentó que “en resumidas cuentas, la Licitación actual fue tímida en la determinación del valor referencial. Las obligaciones impuestas son extremadamente laxas en comparación a las de 2011, punto que nos llama la atención si hablamos del objetivo que uno de los ejes principales del proyecto República Digital es precisamente ampliar la cobertura en zonas rurales.
Este miércoles el Indotel tendrá la palabra sobre la cuestionada licitación del espectro radioeléctrico, que se hizo oficialmente con el deliberado propósito de dejar ese recurso estatal en manos de quien las utiliza, sin haber pagado por ellas.
