Sorteando una carrera de constantes obstáculos, la primera gran caravana migrante que salió de Honduras rumbo a Estados Unidos cumple este martes un mes de un camino escabroso y minado de amenazas del presidente Donald Trump, pero se mantiene determinada a alcanzar el sueño americano.
Los más de 5.000 migrantes -en su mayoría hondureños- que persisten desde el 13 de octubre en la marcha que salió de San Pedro Sula empezaban a llegar a Ixtlán del Río, Nayarit, un estado sobre la costa del Pacífico de México.
AFP / PEDRO PARDO
Tras recorrer un extenuante camino desde Guadalajara, en Jalisco, los migrantes llegaban bajo el ardiente sol en una mezcla de emociones: cansancio extremo, alegría por superar un nuevo tramo hacia el norte e indignación por el engaño que dicen haber sufrido por parte de autoridades mexicanas.
Por la madrugada, el gobierno de Jalisco puso decenas de buses a disposición de los migrantes para llevarlos a Nayarit.
Sin embargo, la AFP constató que los autobuses hicieron descender a los migrantes en la garita El Arenal, un punto sobre la carretera rodeado de desérticas montañas a unos 70 km de Nayarit. Esto desató la furia e indignación de los centroamericanos.
Los miles de migrantes, entre ellos numerosos niños y algunos ancianos, bajaron desorientados de los autobuses. «¡Nos engañaron!», gritaban algunos indignados.
Con este sin sabor, la caravana cumple un mes de haber arrancado. Y sin tardarse mucho en las lamentaciones, continuó su ruta a pie o pidiendo autostop a tráileres de carga, camiones de remolque y camionetas particulares.
– «Hay que seguir» –
Tras recorrer unos 2.300 km desde Honduras, los migrantes llegaban por cientos arrastrando sus cobijas y bultos hasta el municipio de Ixtlán del Río, a una gasolinera de la carretera rodeada de solitarios montes.
Hasta ese punto, resguardado por decenas de policías, arribaban buses y camiones de carga organizados por el gobierno de Nayarit para trasladar a los insolados migrantes al vecino Sinaloa, un estado con fuerte presencia del narcotráfico y crimen organizado.
«Ya no puedo con mi alma, pero hay que seguir», suspiró Jayson Gutiérrez, mientras se subía a la caja sin techo de un camión que normalmente transporta material de construcción.
A este hondureño de 25 años le esperan más de cinco horas de viaje en el hacinamiento y a la intemperie hasta Escuinapa, Sinaloa.
Desde que los bajaron de los buses en Jalisco «han venido como pueden. Sin comer, sin dormir, con sus criaturas», describió Enrique Hernández, secretario local de la Comisión de Trabajadores de México, un sindicato de obreros que se ofreció a ayudar.
«Les damos suero, agua, fruta, vienen deshidratados. También vienen con quebranto emocional. Acabo de atender una crisis porque a uno de ellos le avisaron que su madre murió en Honduras», dijo una paramédico de la Cruz Roja que pidió el anonimato.
En su trayecto por México, la caravana llegó a sumar 7.000 integrantes según las Naciones Unidas, pero muchos han claudicado en el camino hasta llegar a los 5.049 que arribaron a Guadalajara, según cifras de autoridades locales.
A esta gran caravana le siguen a la distancia otras dos, con unos 2.000 migrantes cada una, mientras grupos más reducidos se adelantaron a la frontera con Estados Unidos.
Este martes arribaron a Tijuana nueve autobuses con 350 migrantes, todos integrantes de la gran caravana, constató la AFP.
– Los obstáculos de Trump –
Ante la inminente llegada de la muchedumbre migrante, Estados Unidos cerró parcialmente con barricadas y alambres de púas las garitas fronterizas de San Ysidro y Otay Mesa, que conducen a California.
Y el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, anunció que visitará el miércoles la frontera.
El 9 de noviembre, Trump decretó el fin de los pedidos de asilo para quienes ingresen ilegalmente Estados Unidos, una medida que busca disuadir a los centroamericanos que buscan su sueño americano para escapar de la pobreza y violencia de sus países.
Con esa medida, la administración Trump busca que el gobierno mexicano se haga cargo de los migrantes, al estipular que el decreto perderá vigencia si se llega a un acuerdo que «permita a Estados Unidos expulsar extranjeros a México».
Según el gobierno estadounidense, las patrullas fronterizas registraron más de 400.000 ingresos ilegales en 2018. Y en los últimos cinco años, el número de solicitantes de asilo ha aumentado un 2.000%, desbordando el sistema, que tiene más de 700.000 casos acumulados para procesar.
Trump acusa a los migrantes de protagonizar una «invasión» y para contenerlos dispuso el envío de hasta 9.000 soldados a la frontera sur.
