El Tribunal Superior Electoral (TSE) pidió al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley que divide las juntas electorales de 34 municipios del país en dos salas, una administrativa y otra contenciosa electoral “para que se produzca una efectiva separación de funciones”.
La información la ofreció el doctor Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente del TSE durante la audiencia solemne en Augusta Sala de la Suprema Corte de Justicia, con la cual celebró el séptimo (7mo) aniversario de ese alto tribunal.
Recordó que el artículo 213 de la Constitución establece que las juntas electorales son las únicas que pueden conocer los asuntos contenciosos electorales, en función administrativa y contenciosa, ocurridos en los municipios, descartando los juzgados ordinarios de primera instancia y los juzgados de paz.
“Se trata de evitar que quien administra el proceso electoral no sea el mismo que juzgue los reclamos que resulten del mismo, con respeto al principio de que no se puede ser juez y parte en un mismo proceso”, manifestó Jáquez Liranzo.
Dijo que la división que propone abarca solo a las juntas electorales del Distrito Nacional, los municipios cabeceras de cada provincia y los municipios de Santo Domingo Este, Norte y Oeste de la provincia Santo Domingo, “los cuales tendrían categoría de tribunales electorales de primer grado”.
Estos tribunales –agregó- conocerían como lo establece el artículo 15 de la ley orgánica del TSE, los casos contenciosos electorales que ocurran en los demás municipios que integran la provincia donde funcionará físicamente cada sala. Los casos de las 125 juntas electorales se conocerán en la sala contenciosa de los municipios cabecera.
Las salas contenciosas –dijo Jáquez Liranzo- estarían integradas por un juez y dos suplentes designados mediante concurso por el TSE, con la posibilidad de que ciudadanos, la sociedad civil y los partidos políticos puedan hacer objeciones de los postulantes en un plazo razonable. Esos magistrados serán nombrados por cuatro años y solo cobrarían salario durante 15 meses, el resto del período trabajarían de forma honorífica. El costo sería de $75 millones el año preelectoral y $75 millones el año electoral, inversión que hace económicamente factible la propuesta.
Durante su discurso el presidente del TSE anunció que explora con el presidente de la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de un acuerdo para que durante el período eleccionario las salas de audiencias de los Juzgados de Paz de los municipios cabecera se “utilicen como los espacios para celebrar las audiencias de las salas contenciosas”.
A juicio del magistrado, la jurisdicción electoral es la que tiene los plazos más sensibles y fatales, porque debe conocer antes del 24 de abril, en el caso de las elecciones del 2020, todos los procesos de nulidad, impugnaciones, acciones de amparo, medidas cautelares, revisión de votos nulos y votos observados, entre otras situaciones.
Pide restablezcan competencia del TSE
Anunció que pedirá la modificación de la Ley orgánica 29/11 del TSE para que se le otorguen, de manera expresa las competencias omitidas a ese tribunal y que entiende deben formar parte de sus atribuciones jurisdiccionales como el órgano contencioso de un sistema electoral desconcentrado, permanente y especializado.
