Al mediodía del 11 de marzo de 2018, hace este lunes un año, millones de ciudadanos estaban comiendo cuando recibieron la noticia que nadie quería leer.
Tras doce días de búsqueda, la Guardia Civil acababa de sorprender a la entonces pareja del padre del pequeño, Ana Julia Quezada, con el cadáver del pequeño Gabriel Cruz en el maletero de su coche. Cuatro días después entró en prisión y un año después se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable.
Ana Julia Quezada
Este lunes se cumple un año de ese momento que paralizó por unos instantes a España. Doce días antes, la familia había denunciado la desaparición de Gabriel Cruz. La entonces pareja del padre del niño colaboró y estuvo presente en todo momento en las tareas de búsqueda, e incluso simuló haber encontrado una camiseta del pequeño que en realidad había depositado ella misma con el ánimo de despistar a los agentes. Pero la jugada no le funcionó, la Guardia Civil sospechaba de ella y por eso rastreaba todos sus movimientos.
Tras confesar el crimen como homicidio impruente tras una discusión con el hijo de su novio, la autopsia desmintió a Quezada al determinar que Gabriel Cruz murió el mismo día de su desaparición, el 27 de febrero de 2018, entre las 15.30 y las 16.30 horas, en el núcleo nijareño de Rodalquilar, tras sufrir una «asfixia mecánica por sofocación manual».
Apertura del juicio oral
El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería acordó el pasado día 5 de marzo la apertura de juicio oral contra Quezada, con lo que da por cerrada la instrucción del caso y remite las actuaciones a la Audiencia Provincial de Almería para que se celebre el juicio con jurado.
El auto, consultado por Europa Press, ordena que se deduzca testimonio de las diligencias practicadas durante el año que ha durado la investigación judicial, en el que se recopilan todas las actuaciones realizadas por la Guardia Civil, entre ellas las declaraciones tomadas al entorno del menor durante los 12 días que duró su búsqueda en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que incluye la de la propia acusada tanto ante los agentes como en sede judicial.
Asimismo, el juez Rafael Soriano ha ordenado que se dé también traslado, atendiendo la petición de la Fiscalía, de la declaración de la hija de Ana Julia, que fue interrogada como testigo en relación a las conversaciones que había mantenido con su madre antes de que el cuerpo del pequeño fuera encontrado en el maletero de la sospechosa cuando se dirigía a su vivienda de Vícar.
Igualmente, y en atención a la petición de la acusación particular, el juez dispone que se remita el atestado referido a la investigación que los agentes realizaron en Burgos sobre la sospechosa en relación a la muerte de su hija; un caso que fue archivado y sobre el que la Guardia Civil elaboró posteriormente un informe.
Cabe recordar que los padres de Gabriel, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, señalaron su convencimiento de que el crimen de su hijo «tiene que ver» con la muerte de la primera hija de la investigada en 1996, cuando esta residía en Burgos y la pequeña de cuatro años cayó desde una ventana. En este sentido, avanzaron que solicitarían «formalmente» que se incorporara al procedimiento testimonio de las actuaciones que se realizaron en su momento para esclarecer esta muerte.
En su resolución de 24 páginas el juez procesa a la investigada por un presunto delito de asesinato, dos de lesiones psíquicas a los padres y otros dos contra la integridad moral –a petición estos últimos de la acusación particular–, sentido en que ordena la remisión como diligencias irreproducibles los informes de autopsia definitiva del menor, los informes toxicológicos y los periciales psiquiátricos relativos a la exploración que se hizo de los progenitores del niño, quienes a día de hoy continúan bajo tratamiento psicológico.
