El gobierno peruano destituyó este jueves a varios funcionarios del servicio penitenciario por su responsabilidad en el pase a arresto domiciliario de un sicario que se encontraba en prisión cumpliendo una condena de 25 años por homicidio, tras lo cual se dio a la fuga.

Rubén Moreno Oliva, de 46 años, había sido condenado en 2015 por su participación en un atentado contra el exconsejero regional Ezequiel Nolasco en 2010, un político local de Ancash (norte), en el que murió un hijastro.



Pero salió de prisión el 13 de junio, tras un fallo judicial que le otorgó arresto domiciliario en un caso diferente. El juez había hecho esa concesión siempre que Moreno no tuviera otros procesos o condenas vigentes, por lo que el Consejo Penitenciario no debió sacarlo de prisión.

Desde su salida, está «inubicable», según las autoridades.



Por ello, el ministerio de Justicia ordenó el «cese inmediato» de los tres miembros del Consejo Nacional Penitenciario, «por haber dado arresto domiciliario al interno Rubén Moreno Oliva, a pesar de tener una sentencia de 25 años de cárcel».

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El ministerio cesó asimismo a los «otros funcionarios involucrados en este caso», y ordenó «que se formalice la inmediata denuncia penal» contra ellos, sin más precisiones.

La liberación de Moreno fue denunciada el miércoles por una hija de Nolasco, quien fue asesinado en 2014 por orden del entonces gobernador de Ancash, César Álvarez, quien ahora está preso por este crimen y por corrupción relacionada con la firma brasileña Odebrecht.

Ezequiel Nolasco era el principal opositor del gobernador Álvarez, a quien denunciaba por actos de corrupción.

«Eso no debió pasar (…). Este señor es un sicario y puede tomar venganza contra mí y contra mi familia», dijo Fiorella Nolasco a la prensa.

Moreno tiene además otro proceso por la muerte de una testigo del atentado contra Nolasco.

Según dijo a la prensa la jueza de la Corte Suprema Elvia Barrios, «si la persona tiene una sentencia condenatoria y a pesar de esa condena se da libertad, eso significa que, en alguna parte del sistema de justicia, algo no está funcionando bien».