Estados Unidos usará «todas las herramientas apropiadas» para propiciar el fin de la «dictadura» de Nicolás Maduro en Venezuela, dijo la Casa Blanca este martes, un día después de que el presidente Donald Trump bloqueara todos los activos del gobierno venezolano.
«La dictadura de Maduro debe terminar para que Venezuela tenga un futuro estable, democrático y próspero, libre de los horrores del socialismo que han devastado este gran país», indicó la oficina de prensa de la Casa Blanca en un comunicado.
«Como lo ha dejado claro el gobierno de Trump: todas las opciones están sobre la mesa. Estados Unidos utilizará todas las herramientas apropiadas para poner fin al control de Maduro sobre Venezuela, apoyar el acceso del pueblo venezolano a la asistencia humanitaria y garantizar una transición democrática en Venezuela», añadió.
Trump firmó el lunes un decreto que congela todas las propiedades e intereses del gobierno de Venezuela que estén bajo jurisdicción de Estados Unidos.
Este martes, la Casa Blanca recalcó que esta medida autoriza al Tesoro estadounidense a imponer sanciones a todas las personas que respalden a Maduro y su «régimen ilegítimo», y permite restringir el ingreso a Estados Unidos de los sancionados.
«Este decreto aísla aún más el régimen ilegítimo de Maduro del sistema financiero global y la comunidad internacional», dijo.
La Casa Blanca reiteró sin embargo que las sanciones están dirigidas «contra Maduro y sus continuos abusos contra los derechos humanos», no contra los venezolanos.
«Los reglamentos del Departamento del Tesoro permiten y continuarán permitiendo el apoyo humanitario ininterrumpido al pueblo venezolano», dijo Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera, citada en otro comunicado.
El gobierno de Trump encabeza la presión internacional para propiciar la salida de Maduro, cuyo gobierno considera resultado de elecciones fraudulentas y a quien le atribuye la debacle económica de la otrora potencia petrolera, así como graves abusos de los derechos humanos.
Por eso, desde 2017 ha congelado bienes e impedido transacciones de unas 200 personas y entidades venezolanas. Además, sancionó a los sectores clave de la economía venezolana explotados por el gobierno de Maduro, como el petrolero y el del oro, y a los que considera sus «salvavidas financiero»: el Banco Central, el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), y la petrolera estatal PDVSA, principal empresa del país.
También apuntó contra el sector de defensa e inteligencia y desde enero de este año revocó más de 700 visas, incluyendo más de 100 de exfuncionarios diplomáticos.
