Aunque el Instituto Na­cional de Patología Foren­se Dr. Sergio Sarita Valdez no está realizando necrop­sias a ningún fallecido sos­pechoso o confirmado con el coronavirus COVID-19, atendiendo al protocolo es­tablecido, hasta el momen­to por lo menos nueve de sus médicos y técnicos se contagiaron del virus.

De los contagiados, ya seis están libres de la en­fermedad, dos dieron ne­gativo a una primera prue­ba y están a espera de los resultados de una segunda y una doctora dio positiva a la primera prueba que determina si está libre o no del virus, por lo que aún es­tá en aislamiento.



Entre los afectados hay re­sidentes y médicos ayudan­tes, por lo que la mayoría del personal de la institución ha estado en cuarentena, provo­cando una merma en el tra­bajo del organismo encarga­do de realizar las autopsias clínicas, no vinculadas a he­chos violentos.

Indica la periodista Doris Pantaleón del Listín Diario que los contagios del personal del Instituto Nacional de Patología Forense Sergio Sarita Valdez estarían vin­culados a fallecidos que ini­cialmente eran llevados al centro con sospecha de ha­ber muerto de la enferme­dad, lo que generó en al­gunas ocasiones protestas de parte de los especialis­tas, alegando que no conta­ban con la indumentaria de protección adecuada para ello. Consultado en la tar­de de ayer en torno a que si en esa institución se le rea­lizaban autopsias a falleci­dos de COVID-19, su direc­tor, el doctor Santo Jiménez Páez, explicó que esas ex­perticias no se contemplan dentro del protocolo de ma­nejo de pacientes fallecidos por el virus.



Dijo que el instituto está apegado al protocolo de ma­nejo que establece que a los fallecidos con diagnóstico de sospechosos, probables o con­firmados de COVID-19 no se les hacen autopsias y que los cadáveres deben ser cremados o sepultados de inmediato, sin el ritual del velatorio acos­tumbrado. Señaló que por el momento hay factores que no les permiten hacer esas experticias, pero no entró en detalles.

Recientemente publi­caciones de prensa daban cuenta del impasse genera­do entre instituciones debi­do a que había cadáveres acumulados en la morgue del hospital Francisco Mos­coso Puello y otros centros asistenciales.