Cualquier persona que llegue a Reino Unido desde el extranjero tiene que mantener a partir de este lunes una cuarentena de 14 días para evitar la importación de nuevos casos de coronavirus en el país, una medida cuya eficacia se pone en entredicho y que disgusta al sector aéreo y del turismo.

Esta cuarentena, que será revisada por el gobierno británico cada tres semanas, concierne todas las llegadas por tierra, mar y aire, tanto para los viajeros que residan en Reino Unido como los que no.



«Introducimos esta cuarentena porque como el número de nuevas infecciones disminuye (en Reino Unido), la proporción de infecciones procedentes del extranjero aumenta», explicó el ministro de Sanidad, Matt Hancock, en la televisión Sky News.

«Espero realmente que la gente podrá tomar el avión, irse de vacaciones este verano, pero tenemos que empezar por adoptar una perspectiva prudente», añadió.



Está previsto que se apliquen controles aleatorios y los que infrinjan la medida serán multados con 1.000 libras (1.122 euros, 1.266 dólares). Los transportistas, el personal sanitario, los jornaleros agrícolas y las personas procedentes de Irlanda estarán exentos.

Reino Unido, uno de los países más castigados por la pandemia, registró hasta la fecha 40.542 muertos por coronavirus y 287.000 casos de contagio.

«Creo que tendríamos realmente que seguir bajando de forma significativa el nivel (de contagios) en este país antes de que la cuarentena empiece a ser una medida eficaz», declaró recientemente a la BBC el profesor Robert Dingwall, miembro de un subgrupo del comité científico que aconseja al gobierno sobre la pandemia.

El consejero científico del gobierno, Patrick Vallance, admitió por su parte ante la prensa que la decisión de imponer esta cuarentena ahora era más una decisión política que científica.

Los profesionales del sector de la aviación y del turismo, golpeados de lleno por la pandemia, se oponen a esta medida que frena la reanudación de sus actividades.

Las compañías aéreas British Airways, easyJet y Ryanair denunciaron el domingo, en un comunicado común, un dispositivo «desproporcionado» e «injusto».