Santo Domingo. Recicladores de diferentes partes del país solicitan al Gobierno central y a los diferentes gobiernos locales, mejores condiciones para realizar las labores de recolección de materiales valorizados en los diferentes vertederos del territorio nacional.

Los trabajadores conocido como buzos, que hacen vida en estos lugares de disposición final de los residuos, además solicitan que sean incluidos en las políticas que actualmente se ejecutan para la remodelación de algunos vertederos, piden al gobierno ir en su auxilio por el impacto de la pandemia.



Los cientos de recicladores organizados en el Movimiento Nacional de Recicladores Dominicanos, aseguran que desde que la pandemia impactó el país se han visto restringidos de realizar las labores de búsqueda y separación de materiales valorizados en los botaderos del país.

Robinson García, presidente del movimiento asegura que han intentado darle la mano con diferentes tipos de programas, pero la ayuda que ha llegado solo ha sido de instituciones internacionales y mínima.



“Los recicladores realizan una labor excepcional en favor del medio ambiente, trabajan dignamente en los vertederos buscando y vendiendo las cosas que pueden ser valorizadas y dándole una segunda vida a muchos objetos que otros no necesitan y tiran” puntualizó García.

En lo que concierne a la “Ley general de gestión integral y coprocesamiento de residuos” solicitan al Gobierno que finalmente sea aprobada con las solicitudes realizadas por el movimiento y sin dejar fuera a los trabajadores de los vertederos que lo hacen de manera independiente a los cabildos.

En la República Dominicana existen 348 vertederos a cielo abierto, donde cada día son depositadas 10,659 toneladas de basura. Alrededor de 5,000 buzos se dedican al reciclaje en los vertederos dominicanos.

Hoy, 1 de marzo, conmemoramos el Día Mundial de los Recicladores en recuerdo de los recicladores que fueron brutalmente asesinados en la Universidad Libre de Barranquilla (Colombia) en 1992. Ese terrible día, los recicladores fueron engañados por personal de la Universidad Libre de Barranquilla, quien los invitó a ingresar a las instalaciones de la universidad bajo el pretexto de proporcionarles materiales reciclables. Una vez dentro, los golpearon y los mataron a tiros para que sus cuerpos pudieran ser utilizados para la investigación y el tráfico de órganos. La tragedia fue contada por un sobreviviente, quien durante el ataque fingió estar muerto y luego escapó.