Quienes recuerdan la cri­sis económica de inicios de los años 90 suelen acor­darse de las largas colas en las estaciones de com­bustibles, la desesperación de propietarios de vehí­culos que se quedaban en las vías públicas por fal­ta de gasolina, la angustia de la población por los au­mentos de precios de los productos de primera ne­cesidad y las recurrentes huelgas que paralizaron el país en demanda de mejo­res condiciones de vida.

Eran los tiempos en que el Dr. Joaquín Balaguer to­reaba el poder político des­de el Gobierno en el inicio de su quinto mandato presi­dencial, bajo el descontento de la población angustiada por el alto costo de los pro­ductos de primera necesi­dad, los apagones, la esca­sez y subidas exorbitantes en el precio de los combus­tibles.

Los datos económi­cos publicados por la Co­misión Económica para América Latina y el Cari­be (CEPAL) sobre la crisis de la época apuntan que el producto interno bruto (PIB), en 1990, se contrajo un 6.2%, el consumo pri­vado 11%, la inversión bru­ta fija 9%, la inflación subió al 80%, las reservas interna­cionales se redujeron cerca de US$500 millones y que­braron siete bancos comer­ciales.

Indica Patria Reyes Rodríguez en el Listin Diario que en los primeros meses del 1990, el racionamiento de los combustibles forza­dos por la Guerra en Golfo Pérsico, los aumentos des­proporcionados en el precio de la gasolina de RD$6.00 a RD$11.00 y las alzas de los artículos de primera nece­sidad, se convirtieron en el detonante de la complicada situación que además tenía agregada la crisis de legiti­midad política por las cues­tionadas elecciones “gana­das” por Joaquín Balaguer.

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Las dificultades econó­micas llevaron a Balaguer a anunciar en julio nue­vos incrementos en el cos­to de la gasolina, esta vez de RD$11.00 a RD$20.00, lo que agudizó la situación e impulsó un incremento de los llamados a huelgas de los sindicatos y organizaciones populares, lo que creaba ma­yor inestabilidad política.

Es en ese contexto que Balaguer, aunque atribuye el difícil escenario a causas políticas y a la especulación, se ve obligado a propiciar con el apoyo de la Iglesia Católica y el sector empre­sarial, el llamado “Pacto de la Solidaridad Económica”.

En esta propuesta de Pac­to se comprometía a pro­piciar presupuestos equi­librados y austeros en las entidades descentralizadas, suspender las emisiones in­orgánicas, fijar precios de ventas con los costos rea­les y márgenes de benefi­cios justos para los alimen­tos, medicinas, carburantes y transporte.

Asimismo, proponía es­tablecer una tasa de cambio “única, revisable y ajusta­da a la realidad de la ofer­ta y la demanda”, aumentar los sueldos de los servidores públicos y propiciar un in­cremento en los salarios del sector privado. También, ampliar y profundizar los programas directos de asis­tencia social.

En el plano de las finan­zas públicas, la propuesta de Pacto ofrecía reorientar la inversión fiscal a la pro­ducción agropecuaria e in­dustrial, superar la crisis energética, atender las de­mandas de viviendas, es­cuelas y centros de salud, además de renegociar la deuda pública y restringir el crédito interno.

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El mismo comprome­tía al sector empresarial a mantener estables, duran­te seis meses, los precios de los artículos de primera ne­cesidad, incluyendo los re­puestos de vehículos, asimi­lar los aumentos salariales y respaldar las reformas fis­cales. También planteaba que los empresarios entre­garan las divisas que gene­raban sus exportaciones y las remesas.

En el caso de las orga­nizaciones populares, su compromiso sería contri­buir con la armonía obre­ro-patronal, mantener sus servicios, incrementar la productividad, defender el orden público y propiciar la paz social sin renunciar a sus aspiraciones legítimas.

La propuesta hecha por el Gobierno de Balaguer fue ponderada por los sectores empresariales y populares, los que luego con algunas que otras puntualizaciones se pusieron de acuerdo en aras de propiciar la paz so­cial necesaria para mejorar la situación del país.

A partir de esta negocia­ción se iniciaron en el país un grupo de reformas, se­gún explica Julio Andújar Scheker en “Reformas eco­nómicas y negociaciones políticas: Apuntes sobre la experiencia dominicana de los noventa”, que fueron orientadas a liberalizar la economía y a reducir o eli­minar controles en diferen­tes sectores.

Refiere que este pacto in­cluía dos tipos de políticas: reformas estructurales o cambios de largo plazo como las reformas arancelaria, tri­butaria, laboral y monetaria y políticas de estabilización de corto plazo enfocadas en la reducción de la inflación, el relanzamiento del creci­miento económico y la co­rrección de los problemas de balanza de pagos.

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La necesidad de un pacto social

Aunque la realidad polí­tica de 1990 es distinta a la que se vive en la ac­tualidad, las amenazas del entorno internacio­nal pueden crear situa­ciones de crisis interna que provoquen inestabi­lidad y descontroles gra­ves en las finanzas pú­blicas, como sucedió en aquella época.

La ola inflacionaria in­terna provocada por el aumento de los precios de las materias primas, del petróleo y de los ali­mentos a nivel mundial, más el alto endeuda­miento de las finanzas públicas, constituyen una seria amenaza a la sostenibilidad de la re­cuperación económica post-COVID-19.

Este fin de semana el precio del barril de pe­tróleo WTI alcanzó los US$65.61, un ingredien­te que complica el pano­rama económico nacio­nal considerando que en el Presupuesto Nacional se estimó el precio del barril a US$45.50.

Desde que el presiden­te Luis Abinader asumió la dirección del Gobier­no ha manifestado la ne­cesidad de que el país se aboque a definir el pacto fiscal para poder lograr las metas políticas eco­nómicas y sociales a la que aspira la nación.