SANTO DOMINGO.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, aplazó para el viernes la medida de coerción contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y otros tres imputados que fueron apresados el pasado sábado en la Operación Coral.
La magistrada Romero tomó la decisión a los fines de que las partes se notificadas con las pruebas y tomen conocimiento del expediente acusatoria presentado por el Ministerio Público.
Indica El Nacional que la medida cautelar se conocerá a partir de las 10:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El conocimiento de la medida había iniciado próximo al mediodía de hoy a puertas cerradas. Los imputados fueron conducidos a la Sala de Audiencias a las 10:42 de esta mañana custodiados por un fuerte contingente militar y policial, incluyendo a tropas Swat, Unidad Canina y de Operaciones Especiales.
Caso Coral
Se trata del tercer caso que llevan las autoridades bajo el paraguas de la “Operación Antipulpo”.
El primero de estos casos, el Antipulpo, involucró como cabeza a Alexis Medina; el segundo Operación Caracol se habría organizado alrededor de la Cámara de Cuentas, y el Coral, en el entorno de la seguridad del expresidente Danilo Medina.
La Operación Coral involucra a Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora), Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.
En el proceso deberán declarar representantesdos las empresas Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Aldom Glass Alumimium SRL, Randa Internacional Company EIRL y RG&S Soluciones Financieras SRL.
Para los involucrados en el caso el Ministerio Público ha pedido prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, lo cual le permitiría tomarse hasta 18 meses para presentar acusación.
Al grupo implicado en Operación Coral, el Ministerio Público le atribuye “asociación de malhechores, desfalco y estafa contra el Estado dominicano, lavado de activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricación, entre otros”.
Con relación al caso el Ministerio Público expresó que “la pluralidad de hechos debe ser debidamente probada, lo que exige al investigador más esfuerzo a los fines de probar o descartar lo imputado. En consecuencia, producto de esto se ha de tratar investigaciones muy extensas, pruebas muy amplias o la implicación de varias instancias”.
Dijo que los imputados utilizaron varios procedimientos para ocultar los bienes obtenidos en ocho años en el Estado, entre ellos la creación de un complejo esquema societario administrado por la pastora Rossy Guzmán Sánchez para adquirir bienes y distraer fondos públicos mediantes cheques de viáticos, de compras de combustibles y de alimentos, participando militares y policías.
Un documento suministrado por el Ministerio Público especifica que también había personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario que se encargaban de hacer depósitos o transacciones para la colocación de los fondos distraídos del Patrimonio del Estado, pero que terminaban de manera directa en los imputados.
na muestra es el caso de la empresa Asociación Campesina Madre Tierra, propiedad del oficial Cáceres Silvestre, que giró varios cheques a favor del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, que encabezaba la Pastora Rossy Guzmán, para las compras de locales.
