Santo Domingo. El Ministerio Público afirmó que el imputado Ángel Rondón Rijo no ha podido demostrar la licitud de su exorbitante enriquecimiento patrimonial, durante la presentación de las pruebas a descargo en el juicio que se sigue en su contra en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por su vinculación a los sobornos de Odebrecht.

La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que ninguna de las pruebas presentadas por la defensa del imputado han podido desvirtuar la acusación del Ministerio Público de que sus empresas sirvieron de plataforma para la recepción de los sobornos que Odebrecht afirma haber distribuido en el país.

En torno a sus pretensiones por probar que ha sido un empresario exitoso, Rondón solo busca confundir a los dominicanos, sostuvo Ortiz.

“Los dominicanos no somos tontos y sabemos que toda esta riqueza exhibida por el señor Ángel Rondón, de un capital sobre el cual no se explica de dónde surgieron las inversiones iniciales para todas estas adquisiciones, pues evidencian una vez más y corroboran una vez más la teoría del Ministerio Público de que todas sus labores no son de origen lícito”, sostuvo.

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La fiscal Mirna Ortiz aclaró a la prensa que no son las mismas pruebas que presentó el Ministerio Público. “En algunos casos hay similitudes; hay contratos que son similares; todo está en la interpretación que cada parte haga de la prueba, que es lo que les invitamos a ver en los alegatos de clausura”.

La magistrada Ortiz respondió preguntas de la prensa a la salida de la sala de audiencias, luego de que el juicio fuera suspendido hasta el próximo jueves 20 de mayo, a las 9:00 de la mañana.

Dijo que en la jornada de este martes continuaron recibiendo las pruebas documentales de la defensa del imputado Ángel Rondón, que solo dan fe de que posee empresas y que estas funcionan, algo que dijo no ha negado el Ministerio Público.

Durante el proceso, el Ministerio Público ha afirmado que las empresas del imputado Ángel Rondón Rijo fueron utilizadas para manejar los sobornos de los US$92 millones que la Constructora Norberto Odebrecht admitió haber distribuido en el país para beneficiarse con la adjudicación de contratos de obras gubernamentales.

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Junto a Rondón Rijo son procesados el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas; los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón, así como Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

La Pepca indicó que son enjuiciados por violar el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno.