Latinoamérica ha comenzado un proceso de legalización del juego sin igual. La mayoría de los países de la región han empezado a regular los casinos. Es un paso importante, ya que las salas de juegos pueden brindar grandes beneficios al Estado. Al ser una actividad regulada también está gravada.

Los gobiernos que no han fijado aún políticas de regulación tanto para los casinos físicos como los casinos en línea corren con desventaja contra los países vecinos que sí han ordenado el asunto. El gobierno de la República Dominicana pierde una oportunidad al no hacer cumplir las regulaciones específicas de los casinos.

Sin embargo, el gobierno busca revertir este problema y quiere comenzar a aplicar la regulación vigente, con las sanciones correspondientes para aquellos operadores que no cumplan con las leyes.

Casinos en línea

Los casinos en línea son un gran tema de debate en la región. Las regulaciones son diferentes en cada uno de los países latinoamericanos e incluso cambian entre jurisdicciones de un mismo país. Por ejemplo, la regulación en Argentina es muy compleja. Hay leyes específicas para cada una de las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Pero no es un caso aislado. Por eso, muchos operadores exigen que se debe trabajar de manera conjunta para lograr acuerdos que beneficien la inversión y la seguridad de los usuarios.

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El caso de República Dominicana

Pero, ¿qué sucede en el universo legal dominicano? Pues bien, hay cuatro sitios web, 25.000 agentes de lotería, 1.800 agencias de apuestas deportivas y 60 casinos físicos.

El juego online está regulado desde 2006 a través de la Ley 494-06. En el artículo tercero, le permite a cuatro empresas operar sin regulaciones bajo el dominio .do.

La propuesta del gobierno actual es comenzar a ofrecer nuevas licencias para procurar la democratización del negocio. La idea principal consiste en emitir una licencia por rubro, es decir, una para deportes, una para casinos, etc. El objetivo es que haya un mayor abanico de empresas en competencia, de manera que se incentive la inversión privada.

Proyecto de ley

Pero, ¿cuál es el mayor problema en República Dominicana? Hoy en día, el país deja de percibir un monto de 15 millones de dólares por año como consecuencia del juego ilegal. En un momento de expansión estatal, en donde es necesaria la inversión del sector público, este acontecimiento ha prendido las alarmas en el sector legislativo.

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Por eso, Aníbal García Díaz ha impulsado un proyecto de Ley que establece sanciones drásticas para eliminar los juegos que operan al margen de las regulaciones actuales.

La ley vigente ordena el cierre inmediato del negocio, la incautación de los equipos y el dinero obtenido en la venta. En gran medida, solo es necesario hacer cumplir con esta regulación.

La proliferación de negocios ilegales tiene consecuencias negativas para los empresarios. Pero también perjudica al fisco, si hay evasión de impuestos.

El funcionario dio un discurso para concientizar sobre el problema en un acto gubernamental donde se destruyeron más de 2300 equipos electrónicos y máquinas tragamonedas incautadas.

Específicamente, se destruyeron 248 máquinas tragamonedas, 170 verifones, 940 equipos de computadoras, seis máquinas de carreras de perros, 189 impresoras y tres celulares, de casinos que funcionaban de manera irregular.

La titular de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar afirmó que tienen “(…) un plan de acción orientado a eliminar toda práctica ilegal de juegos de azar en República Dominicana”.

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Esta práctica busca desalentar la actividad ilegal en el país. Además, advirtieron desde dicha cartera estatal que aquellos que ya están instalados sin la autorización previa del Ministerio de Hacienda, deberán someterse a la reglamentación vigente.

Seguridad para el consumidor

Hay varias reglas de seguridad en línea que se deben cumplir. El sitio debe estar avalado por un organismo estatal. Además, también debe haber un control muy severo de los medios de pago digitales y una estricta seguridad para las tarjetas de débito y crédito. Una vez que se cumplan los estándares gubernamentales para operar de manera legal, el margen de sitios falsos será mucho menor.

En conclusión, estas medidas, aunque drásticas, buscan evitar la actividad ilegal en el país. Si la actividad se regulariza como es debido, se obtendrán indudables beneficios. La actividad será más segura para los clientes. Y, además, el gobierno podrá obtener un dinero extra para expandir el gasto público y la inversión a futuro para el país.