El suspendido director de Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales de la Tesorería Nacional explicó que esa decisión está motivada por un informe que le acusa de manera falsa de formar parte de una fundación educativa que presentó una propuesta para una plataforma docente a la Contraloría General de la República y que tiene un trasfondo político.

Carlos Ventura Mota acusó al Contralor Catalino Correa de obligarlo a renunciar del cargo que desempeñaba en la Contraloría por asuntos políticos.

Dijo que, tan pronto tomó el control, Correa se ha dado a la tarea de despedir a los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para restituir a los peledeístas en esa institución.

Añadió que esa actitud de Correa llegó a conocimiento de las altas instancias del gobierno, se le ordenó descontinuar esa práctica de despido de miembro del PRM.

Explicó que se sorprendió con la suspensión, que fue publicada en el portal de la Tesorería Nacional, puesto que la propia Ley 41-08 y el Código de Ética Pública no prescriben este tipo de procedimiento.

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Insistió en que se trata de una persecución política emprendida por Correa Hiciano contra los miembros de PRM, a quienes acusa de ineptos, incluyendo al suspendido funcionario.

Dijo que el Contralor General de la República elaboró un supuesto informe de irregularidades cometidas en la Contraloría, mientras se desempeñaba como Director de Desarrollo Normativo de esa institución, para dañar su imagen pública. Expresó que leyó el informe entregado al Presidente de la República, señalando que es una fábula mentirosa y con sañas políticas del señor Catalino Correa.

Alegó que el informe que originó su suspensión de manera falsa, le adjudica solicitarle cobros en nombre de la instituto a la Contraloría y que, a su vez trató de hacer que esa institución contratara de manera exclusiva al instituto, usando su influencia de funcionario.

Al defender su honra, sostiene que el nunca ejerció las funciones de Contralor de la República para ordenar a funcionarios de su mismo nivel, para realizar actos indecorosos.
Y dijo que mientras se desempeñó como Director de Norma de la Contraloría General de la República, actuó con la autorización del Contralor.

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Sostiene que el propio informe acusatorio en su contra se contradice cuando expresa que la propuesta de la fundación educativa fue rechazada por el Departamento de compra el 3 de diciembre de 2020 y que no se realizó licitación al respecto así como no hubo pago ni beneficio alguno.