Santo Domingo. La jueza Kenya Romero, aceptó la solicitud del exprocurador Jean Alain Rodríguez en la que se ordena a representantes de la prensa y los medios de comunicación pasar a la sala de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, desde donde se le conoce medidas de coerción a los implicados en el caso Medusa.

La información se dio a conocer desde la cuenta para la Defensa de Jean Alain en la red social de Twitter, desde donde se indica que la procuradora adjunta se opuso, anunciando que presentará un recursos de oposición.

Además del exprocurador Rodríguez, están implicados en el Caso Medusa Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado. Canó Sacco se encuentra prófugo, pues salió del país, antes de que se le arrestara.

Según la acusación del Ministerio Público, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

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El órgano de justicia les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

Enfrentarán, además, cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, de fecha 27 de junio de 1927, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.

El expediente presentado por el Ministerio Público este jueves también incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre soborno.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en cuanto a lo relacionado con lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado, así como de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017.

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