Santo Domingo, RD. – “La democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes, no pueden depender de la buena voluntad de un presidente”, así lo afirmó el jefe de Estado dominicano al anunciar que este mismo año propondrá una reforma a la Constitución con el objetivo de consolidar la independencia del Ministerio Público.
Con esta decisión el mandatario demuestra una vez más que en el presente Gobierno no hay espacio para la impunidad y la corrupción, rompiendo así con una historia política que nunca se inclinó hacia la justicia, sino que mantenía influencia del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público.
“Ustedes lo merecen todo de su gobierno. Y su gobierno lo va a dar todo por ustedes”, enfatizó el gobernante en un discurso televisado al país desde el Palacio Nacional, en ocasión de su primer año de Gobierno.
En su alocución, el presidente Abinader manifestó, además, su intención de producir una segunda restauración institucional y material, a través de una intensa agenda nacional de doce reformas que serían implementadas para modernizar a fondo el país.
Entre estas resaltan la reforma de la transparencia y la institucionalidad, para fortalecer la independencia no solo del Ministerio Público, sino también de la Cámara de Cuentas.
Asimismo, se presentará un proyecto de ley que modificará la Contraloría General de la República para hacerla más efectiva y eficiente.
En este sentido, recordó que uno de los más importantes cambios implementados por su gestión para revertir la influencia sobre el Poder Judicial, fue el nombramiento de una Procuraduría General independiente, decisión acogida con beneplácito por la sociedad dominicana.
“El camino hacia un sistema de consecuencias ante el delito, igual para todos, es ya irreversible”, advirtió el mandatario.
Recordó que trabajan día tras día en favor de la credibilidad del sistema democrático del país, fortaleciendo las instituciones públicas y transformando la República Dominicana en una nación capaz de garantizar los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas.
A estas transformaciones responde la escogencia de personas no vinculadas a los partidos políticos y de reconocido prestigio, ética profesional y solvencia para estar al frente de instituciones como la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el Defensor Pueblo y las Altas Cortes
