La justicia estadounidense pidió el miércoles 51 meses de prisión para un activista pro-Trump que se convirtió en uno de los icónicos atacantes del Capitolio el 6 de enero, según documentos judiciales.

Jacob Chansley, un «chamán» autoproclamado y adherido a las teorías de conspiración de QAnon, fue detenido días después del hecho. Ante la posibilidad de enfrentar hasta 20 años de prisión, se declaró culpable de intrusión ilegal y conducta violenta a principios de septiembre ante un tribunal federal en Washington.



Su abogado, citando «su sincero remordimiento», sus problemas psicológicos y los 317 días de detención, pidió la «compasión del tribunal» para imponerle a su cliente una sentencia «mucho más leve».

Armado con una lanza, sin camisa y ataviado con un tocado de cuernos de búfalo, Chansley, un treintañero originario de Phoenix, Arizona, participó en la invasión junto a cientos de partidarios de Donald Trump para evitar que los legisladores validaran la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales.

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Otro atacante, Scott Fairlamb, de Nueva Jersey, fue condenado el miércoles a 41 meses de prisión por su intervención en el ataque y por agredir a un policía, la sentencia más severa aplicada hasta ahora contra las cerca de 660 personas imputadas.



Fairlamb se declaró culpable en agosto.

En un documento difundido el martes por la noche, la fiscalía indicó que Jacob Chansley había, «mucho antes de los hechos del 6 de enero», alentado en las redes sociales a «denunciar a los políticos, los medios de comunicación y el corrupto sistema electoral».

El día del ataque, «incitó a otros alborotadores» y «dejó un mensaje amenazante» contra el vicepresidente Mike Pence, agregó.

Chansley «aceptó la responsabilidad de su conducta y acordó cooperar con las autoridades», pero «estos actos palidecen en comparación con la falta de respeto que el acusado ha mostrado por la ley y por (la) democracia», reseña el documento.

Un total de 658 personas fueron acusadas en diversos grados por su participación en el asalto mortal, según el Programa de Investigación sobre Extremismo de la Universidad George Washington.

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Cinco personas murieron durante el ataque o poco después, incluidos un policía y una manifestante abatida por un oficial dentro del edificio.

Además, dos policías se suicidaron en los días y semanas siguientes, sin que se estableciera un vínculo directo con los hechos.