El procurador adjunto Wilson Camacho dijo que el Ministerio Público está preparado para conocer la medida de coerción del Caso Coral 5G, al destacar que el órgano ha aportado en este proceso más de 15 mil páginas de evidencias en contra de los imputados por corrupción administrativa.
Contra los involucrados, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por Camacho, solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que imponga 18 meses de prisión preventiva contra 13 detenidos durante la Operación Coral G5 y que el caso se declare complejo.
“El Ministerio Público como en todos sus procesos, vino hoy listo, más que listo, para conocer la presente solicitud de medida de coerción. Nosotros hemos dicho, lo reiteramos: venimos a los tribunales cuando tenemos nuestros procesos blindados y eso ha sucedido una vez más”, dijo el representante del Ministerio Público a la prensa, a la salida del tribunal, luego del aplazamiento de la audiencia para el próximo jueves 25 de noviembre, a las 11:00 de la mañana.
“La defensa, como consecuencia del alto volumen de evidencias presentadas por el Ministerio Público, y eso es así, hemos depositado más de 15 mil páginas de evidencias, ha solicitado al tribunal un aplazamiento y que se le otorgue tiempo para revisarlas”, explicó Camacho cuando respondía a preguntas de los representantes de los diferentes medios de comunicación.
Destacó que los representantes del órgano acusador son respetuosos del debido proceso. “Hemos estado de acuerdo con que se aplace la audiencia para que la defensa revise el alto volumen de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este caso”, dijo.
Además, indicó que las personas que colaboren con la investigación deben tener un tratamiento diferente. “Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté procesada, que colabore con la investigación y el Ministerio Público se comportará en consecuencia”, sostuvo.
Destacó también que esta es una investigación abierta. “Como nosotros dijimos en la primera parte de Coral, de que habría más procesados, aquí están los procesados que habíamos dicho”, resaltó el titular de la Pepca.
Explicó que la investigación todavía no se cierra, por lo que, en consecuencia, tampoco se cierra la posibilidad de que haya más personas procesadas en esta operación Coral 5G. “Esta es una investigación abierta. Nosotros seguimos recopilando la información necesaria e incautando bienes. Solo cuando tenemos nuestros procesos blindados con relación a todas las personas que nosotros decidamos procesar, serán presentadas ante los tribunales”, subrayó el representante del Ministerio Público.
El juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conocía este domingo la solicitud de coerción del Ministerio Público, dispuso su aplazamiento para el próximo jueves, luego de acoger el pedimento de las defensas.
El Ministerio Público depositó la noche del viernes la solicitud de medida de coerción junto a más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
El auto de solicitud incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En este caso también representan al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz, Melvin Romero.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
