San Salvador, El Salvador. El régimen de excepción permitió al gobierno de Nayib Bukele detener a casi 42.000 presuntos pandilleros en El Salvador, es una medida «insostenible» y con violaciones a los derechos humanos, dijo el viernes un representante de la embajada de Estados Unidos.

«El régimen de excepción es una política insostenible, que ya ha dejado decenas de miles de detenidos y numerosas denuncias de violaciones a derechos humanos, arrestos arbitrarios y muertes de detenidos también», aseguró el encargado de Negocios de la embajada estadounidense en San Salvador, Patrick Ventrell.



A pedido del gobierno, el Congreso aprobó a inicios de semana extender por tercera ocasión y por 30 días más un régimen de excepción vigente desde marzo, y que permite detenciones sin órdenes judiciales, como parte de la «guerra» contra las pandillas declarada por el presidente Bukele.

Organizaciones como la ONG Human Rights Watch han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos.



Ventrell dijo que ha «visto» con sus «mismos ojos que hay una sensación de seguridad en las calles de El Salvador y que muchos salvadoreños sienten alivio ante las drásticas reducciones en la violencia y las extorsiones», pero señaló que ello «ha venido a un alto costo».

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Consideró que el régimen de excepción «no puede seguir para siempre» y que «en una democracia» las personas acusadas de un acto criminal «deben ser procesadas en un sistema de justicia transparente, y eso no es lo que está pasando aquí ahora».

Ventrell reconoció que las «pandillas son increíblemente peligrosas y han causado daños en El Salvador y Estados Unidos», por lo que sus crímenes no deben quedar en la impunidad.

Por ello pidió a El Salvador reactivar las extradiciones estancadas de «cabecillas de pandillas» requeridos por la justicia estadounidense.

Entre ellos figura Armando Eliú Melgar, alias «Blue», un líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) señalado por el asesinato de una menor en Texas, explicó Ventrell.

Bukele ha mantenido relaciones tirantes con el gobierno de Joe Biden y se complicaron más desde que en mayo de 2021, con ayuda de sus aliados en el Congreso, destituyó a magistrados de una sala de la Corte Suprema y al fiscal general, lo cual fue considerado «antidemocrático» por Estados Unidos.

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«Hemos tenido complicaciones en la relación bilateral pero hemos siempre intentado seguir con puentes de comunicación», agregó el diplomático.