Santo Domingo, RD.- El precandidato por la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, afirmó que el Caso Medusa le envía un mensaje poderoso al sector empresarial de que por apoyar económicamente a un candidato no tienen licencia de incurrir en actos de corrupción sin tener consecuencias penales.
El dirigente político se expresó en esos términos tras de ser mencionado en el Caso Medusa el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, quien pidió una licencia a su cargo luego de ser mencionado en este expediente como uno de los empresarios que pactó soborno con Jean Alain por 20% para la construcción de La Nueva Victoria.
Señaló que en estos sometimientos hay otros elementos invisibles que la sociedad dominicana tiene que hacer conciencia, refiriéndose que antes la idea de perseguir la corrupción se limitaba jurisdicción de los políticos y perseguir el delito en la jurisdicción de los pobres, pero que el expediente del Caso Medusa ha revelado el vínculo del empresariado en este tipo de actividades ilícitas, algo que, a juicio Mazara, era impensable en pasadas gestiones.
“Esto le envía un mensaje claro al sector empresarial. El que crea que por apoyar económicamente a un candidato tiene licencia para incurrir en actividades irregulares, se equivocó. Mientras existan figuras en el Ministerio Público de la talla y la dimensión Mirian Germán, Yeni Berenice y Wilson Camacho, el que la hace la paga.
Dijo que la mayoría de imputados en este proceso proviene de sectores de clase medios y altos de la sociedad, con apellidos que nunca estaban en teoría en práctica de la corrupción de la política tradicional.
Además de la empresa MAC Construcciones, del hijo del ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla, figuran en el Caso Medusa tres empresas de personas apellido Bonetti: Enrique Ernesto Bonetti Galván y María Isabel Terán Pérez de Bonetti.
El caso Operación Medusa hay 41 personas acusadas de graves actos de corrupción pública y privada por haber defraudado al Estado con más de seis mil millones de pesos.
Tras las rejas está el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien es señalado motor de toda esta red de crímenes de cuello blanco, en la que también han sido acusados importantes empresarios de la construcción en la República Dominicana.
