Santo Domingo. Las micro, pequeñas y medianas industrias (mipymes industriales) tendrán prioridad en los procesos de compra y contrataciones de 18 instituciones públicas de carácter social, en cumplimiento del Decreto 31-22, lo que representa un hito trascendental para el desarrollo del sector y el crecimiento de su productividad y competitividad.
Con esta iniciativa, el Gobierno promoverá la adquisición de bienes y servicios producidos por manos dominicanas, una medida que robustecerá el tejido productivo nacional y estimulará la generación de empleos de calidad.
““En el Gobierno del Presidente Luis Abinader asumimos el compromiso de respaldar a las mipymes industriales, un sector que durante dos décadas había sido olvidado y excluido de los procesos de compras y contrataciones gubernamentales. Estas acciones son un espaldarazo para que puedan desarrollarse y seguir creciendo”, sostuvo Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes.
El funcionario indicó que, con miras a facilitar la implementación de la medida, se creó un registro actualizado de los bienes que producen las mipymes industriales habilitadas.
Esta información se colocó a disposición de los diferentes departamentos de compras de las instituciones públicas, a través del Sistema Integral de Consulta en el Portal Transaccional, donde, además, pueden visualizar el estatus de los procesos abiertos y las normas de cumplimiento obligatorio.
Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que, “esta acción, en el orden estratégico, fortalece el mercado público mediante contrataciones innovadoras que permitirán avanzar en la generación de economía triple impacto”.
Asimismo, añadió que la implementación de esta política pública aportará a la recuperación económica post- pandemia, al tiempo que garantizará oportunidades de participación, competencia y seguridad jurídica para las Mipymes del país.
El decreto 31-22 tiene vocación de beneficiar a casi 6,000 unidades productivas consideradas mipymes industriales que aportan más de 30,000 empleos formales en todo el territorio dominicano. Este sector, que cumple con un rol fundamental en la dinamización de las economías locales, también representa el 90 por ciento del total de las industrias de manufactura local existentes en el país.
Para beneficiarse con esta medida, las mipymes industriales deben ser proveedoras del Estado y contar con la certificación Mipymes y el Registro Industrial vigentes. Adicionalmente, se requiere que tengan la capacidad para suministrar los bienes demandados en volumen y calidad suficiente.
Al brindarle la oportunidad a las micro, pequeñas y medianas industrias de participar en licitaciones transparentes, también se robustece la oferta y la calidad de los productos fabricados en República Dominicana, y con ello, se abren nuevas oportunidades de cara a los mercados globales.
Con miras a ampliar el alcance de la medida, el Gobierno dominicano inició el plan de capacitación y apoyo técnico para las micro, pequeñas y medianas industrias, contribuyendo a que obtengan las certificaciones necesarias, a elevar la calidad del sector y a abrir las puertas de nuevas oportunidades de negocio.
De esta manera, el Gobierno materializa una de las acciones priorizadas de la Mesa Presidencial de Industrialización, creada bajo el decreto 588-20, que es fomentar el acceso a mercados de las industrias a través de las compras gubernamentales.
El Gobierno dominicano trabaja en la creación de un tejido productivo sólido y resiliente, que impacte en la mejora de la calidad de vida del pueblo dominicano.
Sobre el decreto
El decreto 31-22 instruye a 18 instituciones públicas, cuya misión está vinculada a la protección de grupos vulnerables y al alivio de la pobreza, a que los procesos de compras que realicen para adquirir bienes relacionados a su objeto y que se produzcan en territorio dominicano, sean destinados exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias, siempre que estas tengan capacidad y calidad para suministrarlos.
Las disposiciones del referido decreto abarcan al Plan Social de la Presidencia, Programa Supérate, Comedores Económicos, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Policía Nacional, Servicio Nacional de Salud, centros públicos de salud, Ministerio de Defensa, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial y Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.
De igual manera, al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Promese Cal, Instituto de Estabilización de Precios, Ministerio de Educación, de la Vivienda, Instituto de Auxilios y Viviendas, Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos y cualquier otra entidad que tenga relación con los programas citados.
