Julia Tavárez / Ley 688-16 aprobada, sin embargo, es necesario empatía institucional y unificar acciones para crear un real impacto

Construir una unidad comercial se convierte en un reto en la República Dominicana. Iniciar operaciones apegadas a un marco legal constituye un elemento mandatorio en la constitución de un negocio o empresa. Si se procede acorde a la normativa, se podría evitar cometer errores que puedan poner en riesgos la integridad de la empresa y su reputación.



Recientemente, celebramos el Día Mundial del Emprendedor y en nuestro país tenemos la Ley no. 88-13 de 2013 que declara el 12 de noviembre como el Día Nacional del Emprendedor Dominicano. En 2016 fue aprobada y promulgada la Ley 688-16. Esta última expresa en su Capítulo 1, sobre las Disposiciones Generales, en su Artículo 1 que, “La presente ley tiene como objeto la creación del marco regulatorio e institucional que fomente la cultura emprendedora y promueva la creación y permanencia de emprendimientos incorporados formalmente en la economía, mediante el establecimiento de incentivos y eliminación de obstáculos que permitan su desarrollo y consolidación en el mercado nacional e internacional”.

Indudablemente, que de implementar de manera efectiva esta Ley 688-16 y acoger todos y cada uno de sus mandatos, los emprendedores en la República Dominicana dispondrían de un corpus legal, constituyendo un gran apoyo para desarrollar ideas de negocios. Hoy, más que nunca se requiere contar con el efectivo uso de este instrumento legal para eliminar obstáculos, simplificar y eficientizar procesos. Además, tener garantía de creación de políticas públicas, la creación de un verdadero ecosistema emprendedor unificado, con obtención de resultados de alto impacto para los emprendedores, lo que, sin dudas, ganaría, como sociedad, una economía dinámica y fuerte.



En los actuales momentos, se hace necesario una sinergia entre los actores del Ecosistema Emprendedor en beneficio de los usuarios y emprendedores. Se requiere de esfuerzos colectivo, la unión es la única garantía para desarrollar acciones dirigidas a los que están decididos a construir una actividad económica de lícito comercio. De manera, que urge la unificación de criterios, aplicación efectiva de la normativa legal y administrativa para la concertación de apoyo real y efectivo de parte de los entes reguladores.

En los negocios, los riesgos son más elevados cuando no se cuenta con asistencia, asesoría y/o acompañamiento permanente en el camino, lo que resulta mucho más significativo que la celebración por un día de parte de los sectores reguladores.

Cuando no se cuenta con un mapa de los riesgos reales por los entes que entran al momento de iniciar las operaciones, consciente de que cada rubro o industria opera de manera distinta, aunque hay entes reguladores transversales y obligatorios, y que el incumplimiento de parte de algunos, por omisión o desconocimiento, puede ser letal para un negocio o una empresa.

Por Julia Tavárez/ Periodista/Abogada/ @JuliaTavarez10