Un total de 704 escuelas no estarán listas para el inicio del año escolar el próximo 28 de agosto, 329 de ellas afectadas por un “nudo legal”, al dispararse su presupuesto por encima de un 25 %, y otras 375 que fueron intervenidas para darles mantenimiento, por el avanzado deterioro que presentan.
A esto se suma la existencia de 60 contratos para la construcción de planteles cuyas compañías “se fueron” con 431 millones de pesos y dejaron las obras inconclusas. Estos casos están en manos de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Educación, que sigue un proceso legal.
Cada inicio de año escolar trae consigo preocupación a cientos de padres que no logran conseguir un cupo en los centros educativos públicos. Escuelas superpobladas, cientos de ellas deterioradas y decenas inconclusas por un “nudo legal” que se ha ido desatando de manera paulatina y que motivó la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, para solucionar el problema.
Con la inversión del 4 % del PIB, el Ministerio de Educación concentró su esfuerzo en la construcción de nuevas escuelas, pero descuidó el mantenimiento de las existentes, levantadas desde hace décadas.
Indica el Diario Libre que este enredo tiene dos explicaciones, de acuerdo a las autoridades de Educación. Uno de ellos es el crecimiento poblacional y urbanístico sin que se dejen espacios para la construcción de escuelas y el otro la falta de planificación para la construcción de los planteles, a partir de la asignación del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la Educación.
Al asumir la presidencia en agosto de 2020, el presidente Luis Abinader ordenó auditar la construcción de escuelas, desde el año 2013.
Este arqueo determinó que 721 tenían inconvenientes legales y mantenían pausados los contratos, debido a que la inversión final sobrepasaba en un 25 % al monto original adjudicado.
Esta cantidad excedía, además, la cifra establecida por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
La deuda inicial para la construcción de los centros educativos era de 3,600 millones de pesos, y posteriormente los contratistas e ingenieros agregaron adendas que dispararon el monto a 16 mil millones de pesos.
Para corregir esta distorsión se modificó el artículo 133, numeral tres de esta ley que establece “que la modificación que surja como consecuencia de circunstancias imprevisibles que hacen necesarias variaciones en las condiciones contractuales para poder satisfacer de manera efectiva la necesidad vinculada con el interés general. En estos casos la modificación no podrá implicar una variación de más de cincuenta por ciento (50 %) del precio inicial”.
En marzo de 2022, el Gobierno entregó $2,578.1 millones de pesos por concepto de pago de 624 cubicaciones de 407 escuelas, que se construyen en distintas comunidades del país, con la finalidad de que esos planteles sean terminados e inaugurados en el más breve tiempo posible.
Foto de portada: Andreina Chalas
