Colombia registró 52 masacres en los primeros seis meses de 2023, un aumento del 11% frente al semestre anterior, y vive una expansión territorial de grupos armados a pesar de las treguas pactadas con el gobierno, según un balance de Naciones Unidas.
«En las masacres verificadas se sigue observando que un alto porcentaje de estas tienen como presunta autoría grupos armados no estatales y organizaciones criminales», dijo el martes la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, en la presentación del informe sobre la situación humanitaria del país, en Bogotá.
Las masacres -definidas por la ONU como el asesinato de tres o más personas indefensas en un mismo lugar- dejaron 168 muertos durante el primer semestre del año, 19 de ellos menores de edad.
La representante también expresó su preocupación por «la continua expansión territorial de grupos armados y las estrategias violentas de control social que utilizan contra la población civil y las organizaciones de base, a pesar del proceso de diálogo ofrecido».
El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció la víspera de año nuevo un cese al fuego bilateral de seis meses con los cinco principales grupos armados que operan en el país.
La tregua fue rechazada pocos días después por la guerrilla del ELN, que retomó las hostilidades en enero y, finalmente, acordó un cese al fuego que empezó a regir el 3 de agosto, como parte de las negociaciones que adelanta con delegados del ejecutivo en Venezuela.
De otro lado, las violaciones a la tregua por parte de la banda narco Clan del Golfo y una facción disidente del pacto de paz que desarmó a las FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC), llevaron al gobierno a suspender por completo la tregua con el primer grupo y a levantar el alto al fuego en cuatro regiones del sur del país con el segundo.
Como parte de su política de Paz Total, Petro, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia, busca desmantelar los grupos armados por medio del diálogo. Pero la oposición denuncia que los ilegales han aprovechado esta oferta para fortalecerse y atacar a la fuerza pública.
Cuatro policías murieron el fin de semana el suroeste del país en ataques atribuidos al EMC.
La ONU pidió al gobierno «hacer una mejor articulación entre la política de paz total, la política de desmantelamiento y la política de seguridad».
También valoró el hecho de que los asesinatos de defensores de derechos humanos hubieran caído 19% frente al semestre anterior. Sin embargo, los 46 casos registrados durante el primer semestre de 2023 son «intolerables», según De Rivero.
Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, vive un conflicto de seis décadas que enfrenta narcotraficantes, guerrillas, grupos paramilitares y agentes estatales.
