El especialista en seguridad social y presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT), Arismendi Díaz Santana, alertó que el patrimonio para el retiro de los trabajadores dominicanos ya supera los 1.3 billones de pesos —equivalente al 16 % del Producto Interno Bruto (PIB)— y advirtió que su acelerado crecimiento seguirá intensificando el enfrentamiento entre distintos sectores económicos por el control de dichos recursos.
Díaz Santana explicó que, aunque el debate público reciente sobre la conveniencia de invertir estos fondos en el exterior resulta positivo para edificar a la sociedad, la discusión no debe ocultar la problemática de fondo: el desamparo inminente de cinco millones de trabajadores que comenzarán a recibir pensiones muy bajas en apenas seis años.
Conflicto de intereses y falta de incentivos
El especialista cuestionó la estructura actual del sistema y la falta de estímulos para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) mejoren el rendimiento del dinero de los afiliados. En ese sentido, planteó cinco interrogantes clave sobre los intereses en juego:
- Comisiones garantizadas: Las AFP mantienen un porcentaje de comisión fijo e independiente de su desempeño, lo que anula su interés real por elevar la rentabilidad.
- Falta de competencia: Al eliminar la competencia, las administradoras congelan sus ganancias sin ofrecer mayores beneficios a los trabajadores.
- Control de mercado: Existe un conflicto de interés estructural cuando los mismos grupos financieros que captan las inversiones son los que controlan a las AFP.
- El Estado como deudor: Como principal emisor de deuda, al Estado le conviene pagar tasas de interés más bajas para reducir sus costos, lo que presiona hacia abajo el rendimiento de los fondos.
- Interés bancario: El sector financiero busca abaratar el costo de sus deudas para maximizar sus propias utilidades, en detrimento de la rentabilidad del afiliado.
Propuestas para una reforma urgente
La FSSPT aclaró que defiende el modelo de capitalización individual, la pluralidad y la libre elección establecidas en la Ley 87-01. Sin embargo, criticó duramente el monopolio privado, el afán desmedido de lucro y las comisiones desproporcionadas por distorsionar el objetivo del sistema.
Para evitar que millones de trabajadores caigan en la pobreza extrema al momento de su jubilación, la entidad propone modificar la Ley 87-01 bajo los siguientes pilares:
- Elevar la tasa general de reemplazo para garantizar pensiones dignas.
- Extender la solidaridad social a los trabajadores con aportes insuficientes.
- Fomentar la competencia real entre las AFP y fijar comisiones razonables para ambas partes.
Díaz Santana concluyó haciendo un llamado urgente a las centrales sindicales, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), el Defensor del Pueblo, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y la opinión pública para impulsar una reforma profunda que devuelva la protección social al centro del sistema previsional.
