República Dominicana rechazó este viernes las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la «apatridia» en el país, después de que el órgano instara al Estado a tomar «medidas efectivas» para la restitución de la nacionalidad de miles de personas en esta condición.
«El Estado rechaza contundentemente las acusaciones de la CIDH», dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
La CIDH instó al gobierno dominicano a «erradicar la apatridia» al recordar los 10 años de la sentencia que «resultó en la privación arbitraria de nacionalidad dominicana a un número considerable de personas y dejó apátridas a quienes no eran consideradas nacionales de ningún otro Estado».
El gobierno dominicano, no obstante, consideró que tales afirmaciones no representan «objetivamente la situación de la nacionalidad en el país» ni contempla el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el gobierno» para «armonizar» dicha sentencia.
Más de 250.000 dominicanos de padres extranjeros, la mayoría de Haití, perdieron su nacionalidad por un fallo de 2013, aplicado retroactivamente a los nacidos entre 1929 y 2010.
Desde esa sentencia miles fueron expulsados y otros subsisten como pueden en los ‘bateyes’, precarias comunidades de casas de madera con techos de latón y letrinas externas.
República Dominicana asegura estar haciendo «importantes esfuerzos para resolver los problemas relacionados con la nacionalidad» con la promulgación de una ley sobre naturalización.
La norma ha «restituido» el estatus jurídico a 60.773 personas afectadas por el fallo de 2013 y a las cuales se les expidieron documentos dominicanos, pero de estos «solo 26.123 acudieron a retirar sus documentos, los restantes 34.110 no los han recogido, presumiblemente porque fallecieron, emigraron o ignoraron el amplio llamado del Gobierno dominicano en ese momento».
La CIDH considera que el Estado dominicano debe «adoptar medidas efectivas para restituir el derecho a la nacionalidad de las personas afectadas» y señala que «estas medidas deben incorporar enfoques diferenciados, interseccionales e interculturales de protección y eliminar barreras discriminatorias en torno a la adquisición y al ejercicio del derecho a la nacionalidad y la naturalización».
