Bajo la llovizna, una multitudinaria manifestación recorrió de nuevo calles y avenidas de la capital de Panamá para exigir la derogación de un contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar en este país la mina de cobre más grande de Centroamérica.
El movimiento de protesta, que se intensificó hace casi una semana, tuvo como blanco en esta jornada al gobierno: partió de la estratégica Avenida Balboa hasta llegar a la Plaza de la Catedral, en el Casco Viejo, a unos 200 metros de la Presidencia.
Allí, agentes antimotines dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes, algunos de los cuales intentaron retirar las vallas de seguridad que resguardan el perímetro del Palacio de las Garzas, sede del gobierno.
Tras el lanzamiento de gases, la multitud dio marcha atrás, se agrupó de nuevo y se enrumbó hacia las zonas del centro financiero y exclusivos sectores residenciales del este de la ciudad.
Poco frecuente en este país centroamericano de 4,2 millones de habitantes, las manifestaciones del miércoles y jueves agruparon a varios miles.
«Abajo gobierno corrupto, arriba Panamá», «No a la minería», gritaron los manifestantes, que hacían sonar cacerolas, música y ondeaban banderas nacionales blanco, azul y rojo.
Las clases llevan suspendidas toda la semana. Al inicio participaban principalmente trabajadores convocados por el poderoso sindicato de la construcción, pero se fueron sumando maestros, ambientalistas, estudiantes, médicos, religiosos, transportistas y empleados de otros sectores.
Toda esta semana ha habido bloqueos de rutas en la capital y en distintos puntos del país, incluida en la carretera interamericana que comunica al país con el resto de Centroamérica.
En algunas zonas se han registrados disturbios, choques entre policías que lanzan gases lacrimógenos y jóvenes que les tiran piedras y otros objetos. Según las autoridades, ha habido decenas de detenidos, pero no hay reporte de heridos.
– «No vamos a parar» –
Aunque pequeños grupos protestaban desde hace varias semanas, el movimiento de protesta arreció el pasado el viernes luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionara la ley que establece el contrato minero, aprobada pocas horas antes por el Congreso.
Las protestas exigen la derogación de esa ley que selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
Los manifestantes consideran que el nuevo contrato también es «inconstitucional» y que la actividad minera representa una amenaza para el medio ambiente.
«Exigimos que la Corte anule este contrato por inconstitucional y no vamos a parar hasta que esto suceda. Las consecuencias son gravísimas», declaró a la AFP la ambientalista Raisa Banfield, en la manifestación.
En sus cuentas de Instagram y X (antes Twitter), el músico panameño Rubén Blades, ganador de varios premios Grammy, aseguró que «nunca se debió haber considerado una mina a cielo abierto en Panamá» ni firmado el contrato por «lo nocivo al medio ambiente patrio por el abuso al interés económico del país».
Pero el gobierno defiende el contrato argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
Además, la empresa y el gobierno señalan que la mina genera 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del PIB a la economía panameña.
El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019 la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
