Luego de que todo indicaba que íbamos a tener, según el director ejecutivo del INTRANT, “el centro de control de tráfico más avanzado de la región”, la adjudicación realizada por ese órgano a favor de la empresa Transcore LATAM, S. R. L., para la ejecución de un proyecto de control de tráfico que incluía la implementación de la foto multa, fue revisada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
El resultado de su investigación preliminar es contundente: cuestiones de forma y fondo que determinan hallazgos e indicios de irregularidades graves por violaciones al debido proceso.
Estas faltas han sido calificadas como “graves” por el órgano rector, convirtiendo esa licitación en un proceso viciado en cuanto a la forma y el fondo, al haber identificado “violaciones al debido proceso”. Conforme a la ley 340-06, este proceso nunca debió celebrarse bajo estas condiciones y la obligación del comité de compras del INTRANT era cumplir con el debido proceso de ley y cancelar el proceso al detectar estas falencias.
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