La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte aportaron las pruebas para conseguir una condena de 20 años de prisión en contra de Leo Daniel Reyes, alias Leito, por su participación en un violento ataque contra una mujer y su hija menor de edad en Los Mameyes, ocurrido en mayo de 2024.
El Primer Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, presidido por la magistrada Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal e integrado por los jueces Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, determinó la culpabilidad de Reyes tras un juicio en el que el Ministerio Público presentó pruebas contundentes.
Los hechos
Según el expediente fiscal, en la madrugada del 14 de mayo de 2024, Reyes y otro individuo identificado como Yonatan Esteban Villar, alias Coco (quien también enfrenta proceso judicial), irrumpieron en la vivienda de las víctimas tras forzar una ventana. Una vez dentro, sujetaron a la mujer por las manos y los pies, la amenazaron con un cuchillo causándole heridas e intentaron violarla sexualmente, mientras la intimidaban con asesinar a su hija menor, quien se encontraba en otra habitación.
Además de la agresión, los acusados robaron varias pertenencias de las víctimas antes de huir. La denuncia (No. 5322) fue presentada ese mismo día, dando inicio a la investigación liderada por la fiscal Vielka Pacheco.
La sentencia
Los fiscales Ana Basora y Juan Alberto Olivares presentaron evidencias que vincularon a Reyes con los delitos tipificados en el Código Penal Dominicano, incluyendo:
- Asociación de malhechores (artículos 265 y 266)
- Violencia contra la mujer e intimidación (artículos 307, 309-1, 2, 331 y 379)
- Robo con violencia (artículos 381, 382, 384, 385 y 386)
La sentencia ordena que Reyes cumpla su condena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Protección a las víctimas
Las identidades de la mujer y su hija fueron resguardadas durante el proceso para garantizar su seguridad. Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra la violencia de género y los delitos que atentan contra la integridad familiar.
Este caso marca un precedente en la judicialización de agresiones sexuales y robos con violencia en la zona, reforzando el mensaje de que tales crímenes no quedarán impunes.
