La Fiscalía de Estados Unidos investigará las políticas de admisión de varias universidades del liberal estado de California, anunció el despacho este jueves, en momentos en que el gobierno de Donald Trump arremete contra iniciativas de diversidad en la educación.
Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump lanzó una ofensiva contra las políticas denominadas DEI (diversidad, equidad e inclusión) que sacude tanto al aparato público como al sector privado.
La administración del republicano además mantiene un pulso con las universidades del país, algunas de ellas las más prestigiosas del mundo.
La investigación escudriñará los procesos de los campus de la Universidad de California en Berkeley, Irvine y Los Ángeles, así como de la Universidad de Standford.
«El presidente Trump y yo estamos dedicados a poner fin a la discriminación ilegal y a restaurar la oportunidad basada en mérito en el país», dijo la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado.
Bondi argumenta como base un fallo de 2023 de la Corte Suprema contra la acción afirmativa en la educación superior, práctica que buscaba favorecer a minorías y a quienes tradicionalmente son objetos de discriminación.
Quienes defienden la acción afirmativa sostienen que la herramienta es vital para democratizar el acceso a la educación en un país severamente marcado por el racismo. Pero los conservadores sostienen que se trata de un atentado al mérito.
«Cada estudiante en Estados Unidos merece ser juzgado únicamente con base en su trabajo duro, a su intelecto y su carácter, y no por el color de su piel», dijo Bondi.
Se trata de la más reciente expresión de las crecientes tensiones entre las universidades y el gobierno de Trump.
El republicano amenazó recientemente a la Universidad de Columbia con congelar recursos por unos 400 millones de dólares, bajo el argumento de que permitió que manifestaciones contra la guerra de Israel en Gaza corrieran libremente en la casa de estudio.
La universidad cedió a una serie de condiciones relacionadas con el control de este tipo de protestas en orden de mantener un puente de comunicación con Washington y recuperar los fondos.
El gobierno puso además la lupa en varios universitarios extranjeros supuestamente debido a sus filiaciones políticas, y sobre quienes pesa la amenaza de deportación.
En los dos meses de la administración Trump, varias universidades cerraron sus despachos dedicados a temas de diversidad, reformularon sus comunicaciones para eliminar menciones DEI, e incluso despidieron personal vinculado a este tipo de iniciativas.
