La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el viernes a la Corte Suprema que levante la prohibición impuesta por un juez federal de deportar inmigrantes bajo la ley de «extranjero enemigo», anteriormente solo invocada en tiempos de guerra.
La solicitud es uno de los ejemplos más flagrantes de los intentos sin precedentes de Trump de aumentar el poder presidencial desde que regresó a la Casa Blanca en enero.
Trump invocó la poco conocida «Ley de Enemigos Extranjeros», aprobada en 1798, para expulsar a casi 300 venezolanos, supuestamente miembros de la banda Tren de Aragua, a una prisión de alta seguridad en El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, es criticado por no respetar los derechos humanos en su lucha contra las pandillas locales.
La administración estadounidense ha utilizado las imágenes de los presuntos miembros de la banda encadenados y con la cabeza rapada en la prisión de El Salvador como prueba de que se toma en serio la lucha contra la inmigración ilegal.
Los defensores de los derechos humanos afirman que algunos de los deportados no tenían nada que ver con la banda.
El juez federal James Boasberg dictó una orden que prohíbe nuevos vuelos de expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles ha pedido que prolongue la validez de la orden, que expira el sábado.
«Este caso plantea cuestiones fundamentales sobre quién decide cómo se llevan a cabo operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional», si el Poder Ejecutivo o el Judicial, dijo la administración.
