El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este jueves a la Corte Suprema que le permita poner fin al amparo migratorio que evita a unos 350.000 venezolanos ser expulsados del país.
Los venezolanos sufrieron de lleno la embestida antimigratoria de Trump, cuya secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, revocó la extensión del estatus de protección temporal (TPS) que cobija a cientos de miles de venezolanos e impide que se les expulse y pierdan su trabajo.
En marzo el juez federal de California Edward Chen suspendió temporalmente la decisión por estimar que «huele a racismo».
«Actuar sobre la base de un estereotipo negativo grupal y generalizar dicho estereotipo a todo el grupo es un ejemplo clásico de racismo», escribió.
Este jueves el asesor jurídico de la administración, John Sauer, presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de mayoría conservadora. Le pide que suspenda la orden del magistrado.
«Mientras la orden esté en vigor, la secretaria debe permitir que cientos de miles de nacionales venezolanos permanezcan en el país», a pesar de estar convencida de que «es ‘contrario al interés nacional'», dijo Sauer.
Estimó además que la decisión del tribunal «socava los poderes inherentes del poder ejecutivo en materia migratoria y asuntos exteriores».
El 10 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Caracas, la administración del expresidente demócrata Joe Biden prolongó el TPS por 18 meses para los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.
En 2023 aproximadamente 770.000 migrantes venezolanos vivían en Estados Unidos, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington.
Estados Unidos otorga TPS a extranjeros que no pueden regresar a su país de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones «extraordinarias».
Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.
Pero su política tropezó con la resistencia de jueces en todo el país.
El último de la lista es el magistrado Fernando Rodríguez, que consideró este jueves «ilegal» el uso que Trump hace de la ley de enemigos extranjeros para deportar a presuntos pandilleros venezolanos.
Trump estima que la banda de origen venezolano Tren de Aragua está involucrada en «acciones hostiles» y «amenaza con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos».
Según la Casa Blanca, el «régimen hostil» de Maduro mueve los hilos.
Por eso el 15 de marzo el republicano invocó esta ley de 1798 para enviar a presuntos pandilleros venezolanos a una megaprisión de El Salvador.
Hasta ese día solo se había usado en tiempos de guerra.
