La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró indecisa este jueves sobre si un juez puede bloquear a nivel nacional una orden del presidente Donald Trump, después de que varios magistrados frenaran su intento de abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento.
El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar ese derecho a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.
El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.
El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Lo consideran inconstitucional.
Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias.
Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, integrada por nueve magistrados de los cuales seis son conservadores. Le pide que restrinja la aplicación de la orden judicial a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.
«Los tribunales han emitido 40 medidas cautelares universales contra el gobierno federal», afirmó el asesor jurídico de la administración John Sauer, quien argumentó a favor de Trump en la vista judicial.
«Las medidas cautelares universales exceden la facultad judicial (…) y perturban el delicado equilibrio constitucional de la separación de poderes», añadió. Las comparó con un «arma nuclear» que restringe al presidente.
– «Atrápame si puedes» –
Los jueces expresaron su preocupación por el uso creciente de órdenes judiciales nacionales pero parecieron divididos sobre cómo abordar el problema.
Sonia Sotomayor, una de las progresistas, afirmó que si las medidas cautelares no se aplicaran a todos los afectados cada uno de ellos se vería obligado a presentar un recurso por separado o uno colectivo.
«Si hablamos de los cientos y miles de personas que no participaron en la sentencia del tribunal, todas tendrían que presentar demandas individuales, o una demanda colectiva. Una demanda colectiva sería algo sin sentido», dijo.
La también jueza progresista Ketanji Brown Jackson alertó del riesgo de convertir el sistema judicial «en un régimen de ‘atrápame si puedes'» donde «todos tienen que tener un abogado y presentar una demanda para que el gobierno deje de violar los derechos de las personas».
Sauer respondió que el «‘atrápame si puedes’ opera en la dirección opuesta, donde tenemos al gobierno corriendo de jurisdicción en jurisdicción, teniendo que, de alguna manera, despejar la mesa para poder implementar una nueva política».
El juez conservador Samuel Alito estimó que los fallos judiciales nacionales plantean un «problema práctico» porque hay cientos de jueces de tribunales de distrito y todos están «convencidos de que tienen razón».
Otros presidentes estadounidenses se quejaron de las medidas cautelares durante sus mandatos porque los ataban de manos, pero ninguno se enfrentó a tantas en tan poco tiempo.
Jeremy Feigenbaum, el procurador general de Nueva Jersey, uno de los 23 estados que han presentado demandas contra el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, reconoció que hay problemas con las órdenes judiciales universales, pero dijo que hay «una base extraordinaria para esta».
– «Un caos» –
Permitir decisiones judiciales separadas sobre el tema en diferentes estados llevaría a un «caos en el terreno donde la ciudadanía de las personas se enciende y se apaga al cruzar las fronteras estatales», opinó Feigenbaum.
En un mensaje en su red Truth Social, Trump instó a la Corte Suprema a fallar a su favor.
«La ciudadanía por nacimiento no estaba destinada a personas que toman vacaciones para convertirse en ciudadanos permanentes de Estados Unidos de América, y traen a sus familias con ellos, riéndose todo el tiempo de los ‘TONTOS’ que somos», dijo.
Sauer sostuvo que el decreto de Trump «refleja el significado original de la 14ª Enmienda, que garantizaba la ciudadanía a los hijos de los antiguos esclavos, no a los migrantes ilegales o visitantes temporales».
En 1898 la Corte Suprema rechazó este argumento.
