La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo este lunes que permite la reanudación las deportaciones de migrantes en situación irregular a países de los que no son originarios, mientras el caso se sigue litigando en un tribunal de apelaciones.
En una sentencia sin firma, la máxima corte dio la razón al Departamento de Justicia que pedía levantar una suspensión judicial, aunque no explicó la decisión y las tres juezas liberales discreparon.
En abril el juez de distrito Brian Murphy ordenó la suspensión de las deportaciones a terceros países porque considera que los migrantes deben poder impugnar sus casos.
En mayo estimó que la expulsión de un grupo de migrantes, incluidos dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur violaba este derecho a la impugnación.
Para ser deportados a un tercer país los migrantes tenían que haber sido avisados y contar con un plazo «mínimo de diez días» para apelar como dicta la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, afirmó entonces Brian Murphy.
Si el Departamento de Seguridad Interior (DHS) considera que el miedo a ser torturados o maltratados es infundado debe concederles de todos modos al menos 15 días para que puedan solicitar una revisión, agregó.
Los migrantes estaban siendo trasladados a Sudán del Sur, un país empobrecido y devastado por la guerra, cuando se emitió la orden de Murphy y desde entonces han permanecido retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti, un país africano que limita con Eritrea, Somalia y Etiopía.
El caso será examinado por un tribunal de apelaciones, pero la decisión de la Corte Suprema permite que las expulsiones sigan adelante por ahora.
La jueza de la máxima corte Sonia Sotomayor acusó al gobierno de «conducta flagrantemente ilegal» que «expone a miles de personas al riesgo de tortura o muerte».
Por el contrario, el Departamento de Seguridad Interior calificó la decisión de «victoria para la seguridad» de los estadounidense.
«Si estos jueces activistas se salieran con la suya, extranjeros tan singularmente bárbaros que sus propios países no los aceptan, incluyendo asesinos convictos, violadores de menores y narcotraficantes, andarían libres por las calles estadounidenses», afirmó el DHS en un mensaje en la red social X.
