El abogado Luis Yépez Suncar consideró que la decisión judicial que dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta constituye el cierre del procedimiento penal seguido contra ambos exfuncionarios por los hechos objeto de la acusación presentada por el Ministerio Público.
Al referirse al tema en su análisis semanal “Mi pensamiento en dos minutos”, Yépez Suncar explicó que dicha decisión produce importantes efectos jurídicos, entre ellos la conclusión del proceso respecto de los beneficiados, el cese de las medidas de coerción que les hubiesen sido impuestas, el levantamiento de las oposiciones trabadas y la imposibilidad de iniciar una nueva persecución penal por los mismos hechos.
El jurista sostuvo que el rechazo de la acusación presentada por el denominado Ministerio Público “independiente”, fundamentado en la insuficiencia de los elementos probatorios aportados, pone de manifiesto que la persecución desarrollada contra los imputados habría estado motivada por intereses políticos orientados a desacreditar o debilitar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), bajo el argumento de combatir la corrupción administrativa.
Yépez Suncar calificó como altamente reprochable que desde posiciones de poder se manipulen hechos o circunstancias para presentar como culpables a personas inocentes, con el propósito de eliminar adversarios políticos y obtener o conservar espacios de poder sin recurrir a la competencia democrática en igualdad de condiciones.
“En política suele afirmarse que todas las estrategias son válidas, pero debe existir un límite. Quienes utilizan mecanismos injustificados para perjudicar a otros deben recordar que toda actuación tiene consecuencias y que, tarde o temprano, la misma vara utilizada para medir a los demás termina aplicándose a quienes actuaron incorrectamente”, expresó.
El abogado manifestó que la experiencia demuestra que el tiempo termina colocando cada acontecimiento en su justa dimensión y que las victorias obtenidas mediante prácticas indebidas suelen transformarse posteriormente en derrotas de gran magnitud.
Concluyó señalando, que el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la objetividad en la persecución penal constituye un requisito indispensable para preservar la credibilidad de las instituciones y garantizar que la justicia no sea utilizada como instrumento de confrontación política.
consideró este lunes que la decisión judicial que dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta constituye el cierre del procedimiento penal seguido contra ambos exfuncionarios por los hechos objeto de la acusación presentada por el Ministerio Público.
Al referirse al tema en su análisis semanal “Mi pensamiento en dos minutos”, Yépez Suncar explicó que dicha decisión produce importantes efectos jurídicos, entre ellos la conclusión del proceso respecto de los beneficiados, el cese de las medidas de coerción que les hubiesen sido impuestas, el levantamiento de las oposiciones trabadas y la imposibilidad de iniciar una nueva persecución penal por los mismos hechos.
El jurista sostuvo que el rechazo de la acusación presentada por el denominado Ministerio Público “independiente”, fundamentado en la insuficiencia de los elementos probatorios aportados, pone de manifiesto que la persecución desarrollada contra los imputados habría estado motivada por intereses políticos orientados a desacreditar o debilitar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), bajo el argumento de combatir la corrupción administrativa.
Yépez Suncar calificó como altamente reprochable que desde posiciones de poder se manipulen hechos o circunstancias para presentar como culpables a personas inocentes, con el propósito de eliminar adversarios políticos y obtener o conservar espacios de poder sin recurrir a la competencia democrática en igualdad de condiciones.
“En política suele afirmarse que todas las estrategias son válidas, pero debe existir un límite. Quienes utilizan mecanismos injustificados para perjudicar a otros deben recordar que toda actuación tiene consecuencias y que, tarde o temprano, la misma vara utilizada para medir a los demás termina aplicándose a quienes actuaron incorrectamente”, expresó.
El abogado manifestó que la experiencia demuestra que el tiempo termina colocando cada acontecimiento en su justa dimensión y que las victorias obtenidas mediante prácticas indebidas suelen transformarse posteriormente en derrotas de gran magnitud.
Concluyó señalando, que el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la objetividad en la persecución penal constituye un requisito indispensable para preservar la credibilidad de las instituciones y garantizar que la justicia no sea utilizada como instrumento de confrontación política.
