Santo Domingo. – A pesar de que el Código Procesal Penal de la República Dominicana consagra la prisión preventiva como una medida cautelar estrictamente excepcional, la realidad intramuros cuenta una historia muy diferente. Actualmente, el país se sitúa como el segundo de América Latina y el Caribe con el mayor porcentaje de personas tras las rejas sin haber recibido una sentencia condenatoria, una alarmante posición solo superada por el colapsado sistema penitenciario de Haití.
La magnitud del problema quedó evidenciada en el reciente Informe sobre Democracia y Desarrollo titulado “Democracias Bajo Presión”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El estudio revela que más del 60% de los reclusos en la República Dominicana se encuentran bajo la condición de presos preventivos.
De acuerdo con las estadísticas de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), de una población carcelaria que ronda los 25,000 internos en todo el territorio nacional, aproximadamente 16,000 aún esperan por un juicio definitivo.
Debilidades estructurales y el populismo penal
El informe del PNUD subraya que este fenómeno no es una casualidad, sino el reflejo de profundas fallas estructurales dentro del sistema de justicia penal dominicano. El abuso de la prisión preventiva se ha convertido en un «sustituto» ante la lentitud, la sobrecarga de casos en los tribunales y la baja calidad de las investigaciones criminales.
A este panorama se suma la intensa presión política y social. La urgencia del Estado por «mostrar resultados» inmediatos en materia de seguridad ciudadana suele traducirse en respuestas punitivas apresuradas. El resultado es un cuello de botella que traslada las deficiencias del debido proceso directamente a los recintos carcelarios, exacerbando el hacinamiento crónico y mermando la capacidad del Estado para mantener el control de sus propias cárceles.
Esta tendencia al endurecimiento no es exclusiva del país. El PNUD destaca que, desde los inicios de la década del 2000, América Latina ha experimentado un vertiginoso aumento del 150% en su población penitenciaria, pasando de 700,000 a cerca de 1.8 millones de reclusos en 2024, impulsado en gran medida por políticas criminales hiper-punitivas y el uso sistemático de la prisión preventiva.
Un sesgo socioeconómico que agrava la desigualdad
La investigación pone el foco sobre una preocupante brecha social: la población carcelaria presenta un marcado sesgo socioeconómico, concentrando a personas con niveles educativos inferiores al promedio de la población general.
Esta vulnerabilidad se vuelve crítica en la fase de prisión preventiva. Las personas de escasos recursos económicos enfrentan barreras casi insalvables para acceder a una defensa legal de calidad o para acreditar arraigos fundamentales —como un empleo formal, un domicilio estable o el pago de fianzas—. Como consecuencia, la probabilidad de que permanezcan recluidos mientras se desarrolla su proceso judicial es drásticamente mayor en comparación con los sectores más favorecidos.
La impunidad como indicador
Más allá del ámbito judicial, el reporte también diagnostica fallas operativas en los cuerpos policiales de la región, mencionando la fragmentación institucional, la baja profesionalización y la debilidad en la capacidad investigativa.
Para el PNUD, la eficacia de la seguridad y la justicia no se puede medir meramente a través de despliegues mediáticos o redadas masivas. El verdadero termómetro del sistema radica en la capacidad de investigar, procesar y sancionar los delitos de forma consistente y oportuna. Cuando las investigaciones fallan y los procesos se dilatan, la impunidad florece, y el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado pasa a ser meramente simbólico.
