El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, presentó este martes ante la opinión pública nacional una serie de evidencias que, según afirmó, demuestran cómo fue introducido de manera forzada en el expediente judicial llevado en su contra desde el año 2023.
Durante su intervención en el programa radial El Sol de la Mañana, Peralta Fernández calificó la imputación como una acusación “fabricada y falsa”, orquestada con la finalidad de dañar su credibilidad moral y afectar a una organización política.
Testimonios alterados y contradicciones en el expediente
Como parte de sus argumentos, el exfuncionario mostró a la audiencia dos interrogatorios realizados a una misma persona, señalada por el Ministerio Público como vinculada a la entrega de supuestos cheques. Los documentos revelan un cambio drástico en las versiones del testigo:
- Primer interrogatorio (27 de noviembre de 2021): El testigo afirmó haber entregado los fondos en cuestión a un tercero completamente ajeno a Peralta.
- Segundo interrogatorio (19 de diciembre de 2022): El mismo testigo modificó su relato para señalar los mismos instrumentos financieros de forma indirecta, alegando que se entregaron al exministro a través de un intermediario.
Peralta Fernández denunció que esta variación demuestra una evidente fabricación de testimonios y documentos para forzar su vinculación al caso ante la ausencia de pruebas reales. Asimismo, aseguró que uno de estos interrogatorios fue ocultado por el órgano persecutor durante el proceso y criticó que dicha declaración fuera utilizada para sustentar versiones distintas en expedientes diferentes.
Denuncia de ocultamiento institucional y prisión indebida
El exministro reveló además la existencia de una certificación de la Superintendencia de Valores que fue entregada al Ministerio Público en el año 2021. De acuerdo con sus declaraciones, a pesar de tener este documento en su poder, el órgano persecutor mintió ante dos tribunales del país al asegurar que no disponía de dicha información.
“Producto del ocultamiento de esa documentación que ya estaba en manos del Ministerio Público, fui privado de libertad durante ocho meses, pese a que los propios documentos oficiales descartaban cualquier vinculación directa mía con los hechos imputados”, sostuvo Peralta.
Adicionalmente, presentó certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Aduanas, junto a otros organismos supervisores. Dichos documentos, leídos y comprobados en vivo por los periodistas del programa, certifican que Peralta no tiene vinculación con los hechos imputados ni con la comisión de delitos.
Alerta sobre el Estado de derecho
Estas revelaciones se producen en un momento determinante de la batalla legal, luego de que el exfuncionario recibiera formalmente un auto de no ha lugar a su favor y tras ser notificado recientemente de un recurso de apelación presentado por los abogados que representan al Estado.
Finalmente, Peralta Fernández enfatizó que su decisión de acudir a los medios nacionales trasciende la defensa jurídica personal. El exministro advirtió sobre el peligro de que este tipo de prácticas se normalicen en el sistema judicial, lo que representaría un riesgo directo para el Estado de derecho, el debido proceso y las garantías constitucionales de cualquier ciudadano dominicano.
