El jurista Víctor Eddy Mateo afirmó que el recurso de apelación presentado contra el auto de «no ha lugar» que favoreció a los exfuncionarios Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta forma parte de las garantías habituales del sistema judicial dominicano, señalando que las partes están facultadas para recurrir las decisiones siempre dentro del marco del debido proceso.
Durante su intervención en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo a través de Antena 7, Mateo explicó que el principio de tutela judicial efectiva permite que los fallos de los tribunales sean revisados por un órgano superior. En ese sentido, consideró previsible que tanto el Ministerio Público como los abogados encargados de la recuperación de bienes del Estado ejercieran dicha acción legal.
“Sería muy ingenuo pensar que, teniendo la oportunidad legal de recurrir una decisión de no ha lugar, no iban a ejercer ese derecho. Entiendo que es algo normal dentro de un proceso judicial”, expresó el experto.
Sin embargo, el profesional del derecho aclaró que la presentación de este recurso no se traduce automáticamente en una revocación de la medida. Sostuvo que existe una diferencia clara entre tener la facultad jurídica para apelar y que dicha instancia cuente con los méritos técnicos y legales suficientes para prosperar en el tribunal de alzada.
Una estrategia de línea institucional
Al abordar la operatividad de los abogados que representan los intereses estatales, Mateo descartó que una actuación de esta relevancia responda a una iniciativa individual del litigante que maneja el expediente. Explicó que, al igual que en la práctica privada —donde el cliente define el rumbo y la continuidad del proceso—, en el sector público las decisiones de alta trascendencia institucional suelen seguir una línea estratégica definida.
Al respecto, recordó que el Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente de la República, por lo que este tipo de acciones deben interpretarse bajo la óptica de una política institucional coordinada. “Hay valoraciones que se podrían tejer. Se sabe que el Ministerio Público no iba a dar su brazo a torcer; habría que interpretar si esta señal se da a propósito”, manifestó.
Contexto político e impacto financiero
El jurista también analizó el escenario político en el que se han desarrollado los procesos judiciales contra exmiembros de la pasada administración desde el año 2020. A su juicio, estas investigaciones han generado un impacto directo en la imagen pública de ese grupo político, orientándose de manera particular hacia su estructura económica y financiera mediante los señalamientos de presunta corrupción.
Pese a este trasfondo, Mateo recalcó que la resolución final del conflicto se mantendrá estrictamente en el terreno técnico y legal. Serán los tribunales especializados quienes se encarguen de ponderar de manera individualizada los fundamentos de la apelación, evaluando minuciosamente las pruebas aportadas y el grado de participación de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta para decidir si ratifican o modifican el dictamen actual.
