El regreso a clases se ha convertido en una prueba de fuego para miles de hogares dominicanos. Entre julio y agosto, cuando llega el momento de comprar uniformes, libros y materiales, muchas familias descubren que el presupuesto simplemente no alcanza, sin importar cuánto se esfuercen por organizarse financieramente.
En medio de esta época, es común ver a bancos y entidades financieras lanzar campañas de créditos a plazos dirigidos específicamente a cubrir los gastos escolares. La oferta se presenta como una solución práctica, pero detrás de esas facilidades de pago queda una pregunta sin responder: ¿por qué tantas familias terminan endeudándose solo para comprar lo básico que necesitan sus hijos para estudiar?
Lo que dicen los números
De acuerdo a Stanly Abreu en El Día, un estudio del Instituto de Investigación Socioeconómica de la UASD, elaborado junto a la Fundación Juan Bosch, revela la raíz del problema. El informe, titulado Rentabilización de la Insuficiencia Salarial a través de las Tarjetas de Crédito, muestra que a junio de 2025 el salario formal promedio rondaba los 37,525 pesos, mientras que el costo de la canasta básica llegaba a 48,542 pesos.
Esa diferencia representa un déficit de 22.69% entre lo que gana una persona y lo que realmente cuesta cubrir sus necesidades esenciales en el hogar. La brecha explica, en buena medida, por qué el crédito termina siendo la única vía para muchas familias cuando llega la temporada escolar.
Cuestionan los consejos financieros tradicionales
El columnista cuestiona el discurso que circula en espacios mediáticos, donde algunos analistas financieros sugieren que basta con hacer ahorros o provisiones anticipadas para enfrentar estos gastos. Según su planteamiento, ese tipo de recomendaciones ignora los datos reales sobre el desfase entre salarios y costo de vida, y traslada toda la responsabilidad al individuo sin considerar el contexto estructural.
Para el autor, el problema no se resuelve únicamente con educación financiera personal ni con programas de ayuda puntuales. Plantea que se trata de un asunto que debe ser atendido desde el Estado, como responsable de garantizar cierta estabilidad económica a los ciudadanos, especialmente en un periodo del año que genera tensión recurrente para las familias dominicanas.
