Martha lleva trece años tomando la misma decisión cada mañana: no internar a su hijo. No es que desconfíe de los médicos ni que rechace los tratamientos. Su temor es más simple y más profundo: que si un día su hijo, hoy de 29 años, entra a un centro de internamiento, después no logre encontrar el camino de vuelta a casa.
Esa angustia resume lo que viven cientos de familias dominicanas que conviven con un trastorno mental grave: el pánico a que el tratamiento se rompa en algún punto y la calle termine siendo el único destino posible.
Un debate que resurge con cada hecho violento
En los últimos tiempos, varios episodios protagonizados por personas con aparentes alteraciones mentales han reavivado la discusión pública sobre la atención psiquiátrica en el país: el hombre que lanzó un bloque desde un puente peatonal y mató a un conductor, los ataques con piedras contra vehículos en Santo Domingo Este, o el caso de una mujer que se arrojó a las vías del Metro.
Pero los especialistas insisten en que estos casos son la excepción, no la regla. De acuerdo a Katherine Espino en El Día, el psiquiatra Julio Ravelo Astacio, presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, considera un error asociar automáticamente enfermedad mental con violencia o con vivir en la calle.
Ángel Almánzar, psiquiatra y exdirector nacional de Salud Mental, va más allá y explica que detrás de una persona en condición de calle casi nunca hay una sola causa. «No siempre se trata de enfermedad mental. Hay consumo problemático de sustancias, pobreza, abandono familiar, exclusión social y personas que nunca lograron acceder a un tratamiento», plantea. Reducirlo todo a un tema psiquiátrico, advierte, impide entender la magnitud real del problema.
El programa estatal que buscó organizar la respuesta
Años antes de que estos hechos ocuparan titulares, el Ministerio de Salud Pública ya había puesto en marcha una estrategia enfocada en personas con trastornos mentales en condición de deambulación. El llamado Programa de Intervención para Personas con Trastornos Mentales en Condición de Deambulación arrancó en 2016 en las áreas de salud IV, V y VI del Gran Santo Domingo, y luego se amplió a Puerto Plata.
La meta no era simplemente sacar a alguien de la calle. Los equipos hacían evaluaciones clínicas, arrancaban tratamientos, ubicaban familiares cuando era posible y coordinaban la reinserción junto a instituciones como el Servicio Nacional de Salud, el sistema 9-1-1, CONANI, CONAPE, POLITUR, fiscalías, ayuntamientos, la Junta Central Electoral y varias embajadas.
Un informe ejecutivo elaborado por la Dirección de Salud Mental, que recoge las intervenciones hasta 2021, contabiliza 710 casos atendidos: 339 mujeres y 370 hombres, concentrados principalmente en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago y La Altagracia. El documento también revela que el programa llegó a atender extranjeros, urgencias psiquiátricas y familias en situación de vulnerabilidad extrema.
Para Martha, esas cifras no son abstractas. Su hijo nunca ha estado en la calle, pero ella vive con el miedo de que, si algún día ella falta, él termine siendo parte de esa estadística.
Sacar a alguien de la calle es solo el primer paso
Según los propios documentos de la Dirección de Salud Mental, el verdadero reto no está en la intervención inicial, sino en lo que viene después: sostener el tratamiento en el tiempo y evitar que la persona regrese a la calle.
Por eso el informe recomienda extender el programa a todo el país, sumar camas de hospitalización, agilizar el transporte sanitario y crear hogares de paso o centros de día para quienes, tras superar una crisis, no tienen una familia con la que continuar su recuperación.
Almánzar coincide en que esas recomendaciones siguen tan vigentes como cuando se escribieron. Cuenta que durante su gestión al frente del programa se logró dar seguimiento comunitario a numerosos pacientes, pero que tras la pandemia de COVID-19 dejó de recibir información sobre su continuidad. «No puedo afirmar que desapareció porque ya no estaba en la Dirección, pero después de la pandemia dejé de tener información sobre su continuidad», reconoce.
De hecho, para esta investigación se solicitó al Ministerio de Salud Pública información sobre el período 2017-2026: personas intervenidas, reintegración familiar, referimientos a centros de rehabilitación y presupuesto ejecutado. Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio no había respondido.
Para Almánzar, la solución no puede depender solo de los hospitales. «La respuesta tiene que ser comunitaria. Si el paciente recibe el alta, pero vuelve exactamente al mismo entorno donde perdió el tratamiento, es muy probable que vuelva a recaer», sostiene. Ese enfoque conecta con el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2026-2030, que apuesta por redes comunitarias, unidades móviles, hogares de paso, centros de día y viviendas supervisadas para quienes no cuentan con respaldo familiar. Tanto Almánzar como Ravelo Astacio advierten, eso sí, que convertir ese modelo en realidad tomará tiempo, recursos y coordinación institucional.
Cuando la salud mental se mezcla con las adicciones
El panorama se complica aún más cuando al trastorno mental se le suma el consumo problemático de sustancias. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este año que los trastornos por uso de drogas son una preocupación creciente en las Américas y recomendó integrar su atención dentro de los servicios de salud mental, sobre todo para las poblaciones más vulnerables.
En República Dominicana, el presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro Abreu, explicó que la institución mantiene coordinación permanente con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud para los casos donde coinciden consumo problemático y trastornos mentales.
El CND trabaja además en el Sistema de Acción Nacional Anti-Adicciones (SANA), que contempla unidades móviles para llevar atención a comunidades vulnerables y fortalecer la referencia de pacientes hacia centros especializados. La entidad también está construyendo una base estadística sobre personas con trastornos por uso de sustancias en situación de calle, aunque esa información todavía está en proceso de consolidación. Las autoridades presentan estas iniciativas no como soluciones cerradas, sino como parte de un proceso de fortalecimiento institucional frente a un problema donde se cruzan factores sanitarios, sociales y familiares.
El estigma que retrasa la ayuda
Ravelo Astacio señala que el debate público sobre salud mental suele activarse únicamente después de un hecho violento, cuando en realidad esos episodios no representan a la mayoría de las personas que viven con un trastorno mental. Asociar automáticamente enfermedad mental con peligrosidad, advierte, solo profundiza el estigma y aleja a la gente de buscar ayuda a tiempo.
Almánzar comparte esa visión y agrega que el éxito de una política pública de salud mental no debería medirse solo por camas disponibles o personas ingresadas. «El verdadero éxito ocurre cuando la persona logra mantenerse estable dentro de su comunidad», afirma. Eso implica garantizar medicamentos, seguimiento clínico, apoyo familiar y servicios comunitarios que acompañen al paciente incluso después de salir del hospital.
La rutina de Martha
Mientras las instituciones intentan fortalecer ese modelo, Martha sigue con la misma rutina de siempre. Cada noche vigila que su hijo tome su medicamento. Cada mes junta el dinero para comprar lo que no cubren los apoyos disponibles. Cada semana limpia casas, lava ropa y hasta carga cilindros de gas para completar el ingreso del hogar.
Y cada vez que alguien le pregunta por qué nunca ha internado a su hijo, responde lo mismo: tiene miedo de que se escape. No habla solo del hospital, sino de la posibilidad de perderlo para siempre, de que un día termine siendo uno más de esos rostros anónimos que caminan sin rumbo por las calles.
La conclusión que deja esta investigación es clara: la salud mental no termina con un diagnóstico ni con una cama disponible en un hospital. Empieza de verdad cuando el sistema logra acompañar a la persona durante toda su recuperación. Mientras ese objetivo sigue en construcción, cientos de familias dominicanas continúan sosteniendo, casi siempre en silencio, una carga que va mucho más allá de lo médico y se convierte, día a día, en un acto de cuidado y resistencia.
