El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) salió al paso este jueves de lo que califica como una campaña de presión mediática impulsada por el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral, que exige el pago de unos US$5 millones por un litigio de terrenos que se remonta a hace más de dos décadas. La institución insiste en que la sentencia que ampara esa indemnización todavía no es firme, pues se encuentra recurrida en casación ante la Suprema Corte de Justicia.
El origen del conflicto: terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera
Todo se remonta a agosto de 2004, cuando el Banco Central transfirió al consorcio derechos sobre 5,000 metros cuadrados de terreno en el antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera. Aquella cesión formaba parte del mecanismo que utilizó el Estado dominicano para saldar deudas con las empresas que trabajaron en la ampliación de la Autopista Duarte.
Según el comunicado del BCRD, la entidad cumplió su parte al entregar el certificado de título correspondiente, lo que permitió que el consorcio registrara la porción de terreno a su nombre. El propio contrato, señala la institución, dejaba en manos del consorcio las labores de deslinde y subdivisión necesarias para individualizar la parcela.
Deslindes previos y una demanda que no prosperó
El problema surgió porque, según alega el consorcio, no pudo tomar posesión real del terreno debido a que otros contratistas ya habían realizado trabajos de deslinde dentro de esa misma parcela. Ante eso, la empresa demandó la nulidad de esos deslindes, pero el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Central rechazó la acción por falta de legitimación activa, un fallo que luego fue confirmado en instancias superiores.
La corte de apelación falló a favor del consorcio, pero el caso sigue vivo
La historia dio un giro en junio de 2017, cuando el consorcio presentó una nueva demanda, esta vez solicitando la rescisión del contrato de dación en pago y una indemnización por daños y perjuicios. La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional terminó fallando a su favor.
Sin embargo, el Banco Central sostiene que esa decisión no es definitiva, ya que fue recurrida en casación ante la Suprema Corte de Justicia, y advierte que, según cómo se resuelva, el caso incluso podría terminar frente al Tribunal Constitucional.
El Banco Central cuestiona los embargos y la «estrategia mediática»
La institución también criticó los intentos del consorcio de ejecutar la sentencia mediante embargos retentivos, argumentando que se estaría tratando de cobrar un fallo que todavía podría ser modificado o anulado. A esto se suma un informe técnico-catastral del 6 de marzo de 2026, solicitado por el propio Banco Central, que —según afirma la entidad— confirma que el consorcio figura como propietario de los 5,000 metros cuadrados y que ese terreno sigue disponible.
El BCRD fue más allá y calificó de estrategia de presión los movimientos del consorcio en medios de comunicación y redes sociales, a los que acusa de intentar presentar el caso como si ya existiera una deuda firme y exigible contra la institución.
Ahora la última palabra la tiene la Suprema Corte
El expediente permanece pendiente ante la Suprema Corte de Justicia, que deberá decidir si el fallo que reconoció la indemnización es válido y, de serlo, si el Banco Central estará finalmente obligado a pagar los US$5 millones que reclama el consorcio.
