El Gobierno dominicano dio un paso importante para resolver la situación de los empleados y pensionados de la minera Falcondo, luego de que el Poder Ejecutivo emitiera el decreto 671-26, mediante el cual el Estado se compromete a cubrir las prestaciones laborales y liquidaciones pendientes con los recursos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
Con esta medida, será el titular del Fonper quien reciba un poder especial para ejecutar las transacciones financieras correspondientes, aunque el decreto deja claro que cada caso deberá pasar primero por un proceso de verificación, y que los desembolsos estarán condicionados a la disponibilidad real de fondos de la institución.
El Estado se convierte en acreedor subrogado
Como parte del acuerdo, el Gobierno no asumirá estos pagos sin obtener algo a cambio: la normativa establece que, tras realizar los desembolsos, el Estado pasará a ocupar el lugar de acreedor subrogado de los trabajadores y pensionados beneficiados por la medida.
Esa figura legal le da al funcionario del Fonper la facultad de firmar los descargos correspondientes y de representar a la administración pública dentro de los procesos judiciales de reestructuración o liquidación que pueda enfrentar la empresa minera, con el objetivo de recuperar posteriormente el dinero invertido.
No es un cheque en blanco
Pese al anuncio, las autoridades fueron enfáticas en aclarar que este decreto no representa una obligación automática de pago por parte del Estado ni del Fonper. Todo desembolso deberá ajustarse estrictamente a los límites y condiciones que la propia disposición establece.
