El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó, por mayoría de votos, la solicitud de extinción de la acción penal presentada por el procesado Ángel Lockward y otros acusados dentro de la red que defraudó al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y cobro de sobornos.
La decisión judicial fue sustentada por las juezas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, con el voto disidente de la presidenta del tribunal, Arlin Ventura Jiménez. Al acoger la postura del Ministerio Público, el tribunal determinó que la evaluación de la vigencia del proceso exige un análisis profundo y no un simple cómputo matemático de plazos.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que la defensa pretendía la aplicación de una ley derogada por considerarla más favorable. Sin embargo, la mayoría del tribunal resolvió aplicar la legislación vigente para mantener la causa activa en los tribunales. Ortiz sostuvo que la solicitud de extinción buscaba evitar el debate de las pruebas en el juicio de fondo.
Esquema de corrupción imputado
La red criminal, cuyos integrantes fueron arrestados a partir de marzo de 2023, enfrenta cargos por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña. Entre las maniobras atribuidas al grupo figuran:
- Expropiaciones irregulares: Desvío de miles de millones de pesos mediante el pago fraudulento de terrenos declarados de utilidad pública.
- Sobornos y financiamiento político: Captación de recursos para financiar la campaña electoral de 2020.
- Extorsión en juegos de azar: Cobros ilícitos a bancas y consorcios regulados por el Ministerio de Hacienda.
- Sustracción de deudas: Desvío de fondos destinados al pago de deudas en diversos ministerios.
Estatus del proceso judicial
El Ministerio Público logró la apertura a juicio contra 35 de los 40 procesados en el expediente, entre los que destacan el exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, y el exdirector de Catastro Claudio Silver Peña.
Por otro lado, la Pepca mantiene en apelación el auto de «no ha lugar» dictado en favor de otros acusados, entre ellos los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, tras considerar que el tribunal incurrió en una errónea apreciación de las pruebas presentadas.
