La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Henry Tomás Castillo Peña (alias «Juan» o «el Patrón»), de 57 años, acusado de proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología relacionados con la explotación sexual de adultos y presuntos menores de edad.
La magistrada Ana Lee Florimón dispuso que Castillo Peña cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-XVII), fijando la revisión obligatoria para el próximo 15 de diciembre. En el mismo proceso, al coimputado Brailyn López del Rosario (alias «Brayan»), de 20 años, se le impuso presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de RD$100,000 mediante contrato.
Origen de la investigación y cooperación internacional
Las pesquisas se iniciaron a partir de la información suministrada por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y la Embajada de los Estados Unidos mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT):
- Intervención en Nueva York: El 13 de noviembre de 2025, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) retuvieron a Castillo Peña al arribar al Aeropuerto Internacional JFK. Durante la inspección de su dispositivo móvil, las autoridades detectaron material de abuso sexual infantil y conversaciones en las que ofrecía servicios sexuales en un inmueble del Distrito Nacional.
- Operativo y hallazgos: El 9 de septiembre de 2026, el Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron un allanamiento en el edificio utilizado para estas operaciones, ubicado en la calle Emilio Prud’Homme, en San Carlos. En el lugar fue arrestado López del Rosario, se halló a varias víctimas y se incautaron cientos de preservativos y lubricantes, cuadernos de anotaciones, facturas, cámaras de seguridad, dinero en efectivo y documentos personales.
La investigación es conducida por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), dirigida por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, en conjunto con la Fiscalía del Distrito Nacional y diversos organismos de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
